El Ministerio Público (MP) acusó a 12 personas, entre ellos, militares, maestros y líderes comunitarios, de trasegar cocaína y permitir el aterrizaje de aeronaves con los ilícitos en Guatemala. Los implicados presuntamente trabajaban para el cartel Jalisco Nueva Generación.

La fiscal del MP, durante el inicio del juicio, dijo que los jets que aterrizaron en Guatemala en el 2021 fueron comprados en Venezuela y posteriormente los modificaron para que trasladaran cocaína en su interior. El destino de cinco de las aeronaves fue Guatemala en ese año, detalló.

La coordinación del trasiego de droga vía aérea iniciaba con una llamada por WhatsApp, en la que avisaban a los integrantes de la banda criminal que operaba en Guatemala, del aterrizaje de una aeronave con cocaína, señaló.

Las llamadas a los municipios donde podría aterrizar comenzaban y el enlace eran maestros y líderes comunitarios que ponían en alerta a los pobladores para colocar obstáculos en los caminos de terracería y así impedir el paso de miembros del Ejército y Policía Nacional Civil, señala la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del MP.

Las pesquisas demuestran que cada poblador recibía entre Q500 y Q1 mil por detener el operativo en carretera, mientras que los narcotraficantes descargaban la avioneta y trasladaban la droga en picops.

“Se evidenció inclusive que había varios profesores que estaban colaborando con esas estructuras y su rol era convocar a gente para que bloquearan los espacios. Nosotros sabíamos que, cuando habían señales de diferentes bloqueos en comunidades era para garantizarla recepción de la aeronave –con cocaína-”, argumentó el MP.

Agregó que los coordinadores de la estructura delictiva buscaban a personas que tuvieran influencia en las comunidades, entre ellos maestros e integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocodes) para llevar la droga de Guatemala a México.

Militares implicados

La banda criminal estableció enlaces en las fuerzas de seguridad para poder evitar que los cargamentos de droga fueran incautados, afirman las investigaciones.

El MP comentó que Carlos Enrique Durán Cáceres, mayor de Aviación del Ejército de Guatemala, tenía acceso a los radares de la Fuerza Aérea Guatemalteca y junto al capitán del Ejército Ángel Eliberto Vargas Urizar y el teniente Walter Vinicio Contreras Munguía, presuntamente daban indicaciones falsas de dónde aterrizaría la narcoaeronave o avisaban a los integrantes de la estructura para cambiar de destino para evitar que la droga fuera decomisada.

“Esta estructura trabaja para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ellos recibían la droga principalmente en Petén, lugar donde había pistas clandestinas”, detalla la fiscalía.

Comentó que los tres militares y los miembros de la estructura se prestaban para retrasar las actividades de las fuerzas de seguridad.

“Trasladaban la información de manera tardía, desviando los equipos a lugares donde se había hacer la recepción -de droga-”, enfatizó el MP.

Además, resaltó que Durán Cáceres, mayor de aviación, tenía un cargo importante en la Fuerza Aérea, era una de las personas encargadas del avistamiento, recepción o coordinación de los radares.

“Esta persona al conocer información tan sensible de las posiciones de las aeronaves que iban ingresando a Guatemala, se prestaba a través de un beneficio económico a retrasar las actividades de las fuerzas de seguridad”, dijo el ente investigador.

Asesora y finca

La fiscalía afirmó que el capitán del Ejército Ángel Eliberto Vargas Urizar y el teniente Walter Vinicio Contreras Munguía, tenían a su cargo la movilización de equipos de tierra en el área sur y norte del país, para interceptar la droga, pero estos se aprovechaban de sus puestos para colaborar con la estructura criminal.

Brenda Beatriz Barillas Barrios trabajó como asesora del diputado electo por el partido Bien, Gustavo Cruz y colaboraba con la banda criminal dedicada al trasiego de droga junto a los militares, maestros y líderes comunitarios, detalla el MP.

Barillas Barrios tenía una finca con una pista de aterrizaje en Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla. “Esta finca era legal, pero logramos evidenciar que era alquilada para propósitos ilegales”, argumentó el ente investigador.

La fiscalía comentó que Barillas Barrios coordinó el aterrizaje de una aeronave que tenía un reporte de robo en El Salvador y aterrizó en su finca.

El juicio contra los acusados por los delitos de asociaciones delictivas, conspiración para el comercio, revelación de secretos y conspiración para el asesinato continuará en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal el próximo 10 de marzo.