Los procesos políticos son como competiciones por el poder. En aquellos países en que su constitución y sus leyes se aplican consistentemente y para realizar ciertos valores, como la libertad, la justicia, la paz y el bien común, los competidores por el poder no lo procuran para su propio beneficio.

En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y los órganos que integran el Poder Judicial (la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados y los jueces de diversas competencias materiales) están llamados a aplicar las reglas jurídicas del Estado para que esa competición por el poder sea y se produzca para la realización de los fines del Estado y no para beneficio de los competidores.

Eso no quiere decir que no haya ciertos beneficios legales y legítimos derivados de participar en la vida política del Estado. Quienes tienen esa vocación, en el sentido de competir para procurar dirigir los destinos de la nación de acuerdo con una cierta ideología, pueden encontrar enormes satisfacciones en ese afán. Naturalmente, acceder a cargos de elección popular debiera, siempre, ser un honor y

conlleva, a no dudarlo, gran dignidad para las personas electas y, por extensión, para sus principales funcionarios, como el caso de los ministros de Estado y quienes dirigen las entidades autónomas del Estado.

Pero el ejercicio del poder por los cauces legales y legítimos presupone, entre otras cosas, una buena dosis de honorabilidad y de sentido de responsabilidad y, para respaldar esas virtudes, todo funcionario público debe tener una clara noción de que cualquier tipo de acciones contrarias a la ley o a los fines prescritos por la Constitución conllevarán consecuencias proporcionales a la naturaleza de la infracción cometida. De caer cualquier funcionario en la tentación de usar el poder para beneficio propio, las instituciones de justicia están para recordarles a todos que, realmente, es mejor idea ser honorable.

Aquí, eso no ocurre porque un buen número de competidores también compiten por controlar el sistema de justicia. Debido a un diseño defectuoso de la estructura constitucional y legal de las instituciones de justicia, muchos de los competidores y sus organizaciones han descubierto que pueden disfrutar impunemente mediante el control de las instituciones de justicia, dejando en un plano muy secundario la realización de valores cívicos y políticos, como la libertad, la justicia, el bien común y la seguridad que todo ser humano requiere, personal y jurídicamente, para vivir en paz.

Por supuesto, siempre ha habido —y sigue habiendo— honrosas excepciones y casi nada en el mundo de la política es “blanco o negro”, ni siempre es totalmente malo o bueno. Empero, por regla general, los procesos políticos en este país, las competiciones por el poder, se han ido deformando a tal punto que, desafortunadamente, las instituciones que debieran servir para mantener esa competición dentro de los cauces del derecho, más bien se han convertido en baluartes que los competidores procuran conquistar.

Ahora bien, el común de los guatemaltecos quisiera que sus políticos compitan por el poder para la realización del bien común y no para beneficio propio. Pero ni sabe ni tiene por qué saber cómo se consigue tal cosa. Eso le corresponde determinarlo a las élites de la sociedad y, sin lugar a duda, ellas tienen la responsabilidad de promover y articular las reformas necesarias.