«Estoy esperando que la ley llegue para ser sancionada»: Bernardo Arévalo sobre Ley de Ciberseguridad

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que está a la espera de recibir la Ley Marco de Ciberseguridad para proceder con su sanción y afirmó que, hasta el momento, no ha encontrado razones para oponerse a la normativa aprobada por el Congreso.

El mandatario también defendió el proceso de elaboración de la legislación y aseguró que contó con asesoría de expertos nacionales e internacionales.

Durante la conferencia de prensa, La Ronda, Arévalo respondió a los cuestionamientos sobre la normativa y señaló que en su desarrollo participaron especialistas de Estados Unidos y de otros países, quienes brindaron asistencia técnica.

«Estoy esperando que la ley llegue para ser sancionada, porque no hemos encontrado ninguna razón para no hacerlo», expresó el mandatario.

DEFIENDE ASESORÍA DE EXPERTOS

Al referirse a las dudas planteadas por algunos diputados, el presidente sostuvo que estas fueron expuestas durante el proceso de revisión en el Legislativo.

«Esta ley fue desarrollada con expertos de los Estados Unidos, con asistencia especializada alrededor de la ley y hubo expertos de otros países también», manifestó Arévalo.

El gobernante agregó que las inquietudes de los parlamentarios fueron atendidas durante la discusión legislativa y recordó que el Congreso aprobó la normativa con 121 votos a favor.

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¿QUÉ ESTABLECE LA LEY DE CIBERSEGURIDAD?

El pasado 3 de noviembre, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional la Ley Marco de Ciberseguridad, contenida en el Decreto 26-2026. La normativa cuenta con 96 artículos y busca establecer mecanismos para prevenir, atender e investigar amenazas y delitos informáticos.

Uno de sus principales componentes es la incorporación de ocho figuras penales relacionadas con el uso indebido de sistemas y datos digitales:

• Acceso ilícito a sistemas informáticos.
• Interceptación ilícita.
• Ataques a la integridad de datos informáticos.
• Ataques a la integridad de sistemas informáticos.
• Falsificación informática.
• Apropiación de identidad ajena.
• Fraude informático.
• Abuso de dispositivos.

La legislación también contempla agravantes que pueden incrementar las penas cuando los delitos afecten información confidencial, infraestructura crítica digital o sean cometidos por personas que tengan vínculos laborales con las instituciones perjudicadas.

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TRES ENTIDADES COORDINARÁN LA CIBERSEGURIDAD

La normativa establece una nueva estructura institucional para coordinar las acciones de prevención y respuesta ante amenazas digitales. Para ello, contempla tres entidades principales:

• Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber): tendrá a su cargo las decisiones estratégicas y será presidido por el presidente de la República.
• Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber): funcionará como órgano técnico-operativo adscrito al Ministerio de Gobernación.
• Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT): coordinará la atención y respuesta ante incidentes cibernéticos.

Además, el Ministerio Público contará con una fiscalía especializada para investigar delitos informáticos, mientras que el Inacif tendrá una unidad de informática forense para analizar evidencia digital.

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