Está más que demostrada la culpabilidad y la reincidencia del reo Aldo Dupié Ochoa Mejía, también conocido por el mote de el Lobo, cabecilla de Barrio 18, de 40 años, y quien debe purgar más de un siglo de prisión por graves delitos, como asesinato, robo, asociaciones ilícitas, robo agravado, y asesinato en grado de tentativa. En 2015 fue sentenciado por su implicación en la muerte de 11 pilotos de autobuses, durante la etapa más cruenta de las extorsiones contra el transporte urbano. Posteriormente, se le ha ligado con actividades extorsivas coordinadas desde la prisión Fraijanes II, de donde fue llevado el 25 de julio último al centro de máxima seguridad Renovación 1, para reducir tal incidencia y reincidencia delictiva.

Diversas han sido las acciones violentas perpetradas por presuntos integrantes del Barrio 18 en represalia y presión por el traslado de su dirigente. El

aislamiento —pese a algunas vulnerabilidades ya detectadas— sentó bien, pues de inmediato comenzaron acciones de abogados, incluido un habeas corpus o exhibición personal, como parte de un alambique leguleyo para revertir el traslado, que finalmente fue avalado ayer por la jueza Mireya Batún Betancourt, del Juzgado Pluripersonal Segundo de Ejecución Penal del departamento de Guatemala.

Se desconocen los factores sopesados por Batún y si corrió una audiencia a todas las partes interesadas antes de favorecer a este peligroso individuo y acrecentar el riesgo de que pueda coordinar represalias o exacciones desde su antigua base de coordinación criminal. La jueza debería estar consciente de las implicaciones de su decisión para la seguridad ciudadana.

Un aspecto llamativo es que en un medio periodístico digital existe una columna de opinión firmada por Mireya Batún Betancourt, quien expone su postura acerca de temas varios, incluidos las carencias, fallas y rezagos del Sistema Penitenciario o los proyectos de cárceles de alta seguridad, los cuales considera que vulneran los derechos de los detenidos —es decir, de reos peligrosos que ameritan traslado a tales instalaciones— a recibir visitas o a tener oportunidades de reinserción. En todos los sistemas carcelarios del mundo hay niveles de seguridad. Sí, debe haber programas de rehabilitación para quienes deseen enderezar su vida, pero resulta improbable que el reo ahora favorecido esté en esa disposición.

En todo caso, queda la duda de si semejantes posturas podrían obnubilar, condicionar o parcializar su criterio como jueza de ejecución, cargo que, por cierto, no se menciona en los artículos. ¿Tiene un juez derecho a la libre expresión? Por supuesto que sí, como todo ciudadano guatemalteco… pero en la Ley del Organismo Judicial se establece que ningún juzgador puede emitir opinión sobre asuntos que conozca. Y, en este caso, varios análisis se relacionan directamente con su función. Mientras tanto, Dupié ya está en donde la jueza Batún lo considera digno.

El exjuez y relator de la Oficina Nacional contra la Tortura Lesther Castellanos emitió un comunicado para rechazar críticas y aclarar afirmaciones referentes a que dicha oficina secundó el pedido de trasladar a Ochoa. En todo caso, Castellanos niega ser el responsable del dictamen, pero confirma que sí hubo un informe, cuya divulgación generó críticas, pero dice que fue “firmado y elaborado de manera unilateral por el relator designado a la región sur”. Sin embargo, con eso deja entrever una falta de coordinación dentro de dicha institución.