El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se apersonó al Ministerio Público (MP) para presentar una denuncia penal contra el alcalde de Moyuta, Jutiapa, Carlos Roberto Marroquín Fuentes, luego de que este emitiera amenazas directas contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El titular de la cartera del Interior reiteró su respaldo a la institucionalidad y a la labor policial, al señalar que las declaraciones del jefe edil representan un riesgo y una grave transgresión al orden legal.

Declaraciones que motivaron la denuncia

La acción legal fue presentada tras las declaraciones públicas del alcalde, quien advirtió que respondería con violencia armada si agentes policiales realizaban labores investigativas cerca de él.

“Si por ahí anda alguna patrulla o ciertos carritos haciendo investigaciones, no se me paseen muy cerca porque de repente les puede estornudar un par de fusiles de mi carro para sus carros y creo que no la van a contar”,
fueron las palabras atribuidas a Marroquín que activaron la respuesta institucional.

Villeda indicó que estas expresiones podrían constituir el delito de amenazas, por lo que consideró necesario acudir al MP.

“Nadie está por encima de la ley”

Tras presentar la denuncia, el ministro calificó las declaraciones como una irresponsabilidad, especialmente al provenir de un funcionario con representación pública.

“Se trata de una agresión que no puede quedar impune”, afirmó, subrayando que no existe persona alguna por encima de la ley, sin importar el cargo que desempeñe.

El funcionario expresó que espera un seguimiento penal a lo dicho públicamente por el alcalde de Moyuta.

Posible retiro de antejuicio

Villeda explicó que esta acción busca dar cumplimiento a los procedimientos legales, y que posteriormente se active el mecanismo de retiro del derecho de antejuicio del que goza Marroquín, lo cual permitiría profundizar en la investigación y avanzar en el proceso penal.

Asimismo, consideró fundamental sentar un precedente para evitar cualquier intento de obstaculizar las labores de investigación y seguridad que realizan el Ministerio de Gobernación y la PNC.

“El deber ciudadano guatemalteco es colaborar con las autoridades y no interferir en las investigaciones”, remarcó.

Finalmente, el ministro aseguró que existe plena apertura institucional para colaborar con cualquier requerimiento que surja durante el seguimiento del caso.