El presidente Bernardo Arévalo ya tiene en sus manos el decreto 11-2025, que contiene la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, conocida como “Ley Antipandillas”, aprobada por el Congreso el 21 de octubre pasado.

Según confirmó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), “el decreto ya se encuentra bajo análisis por parte del equipo jurídico para su sanción o veto”.

La norma fue recibida por la Presidencia el 31 de octubre, según confirmó el Organismo Legislativo, por lo que desde la presente semana se encuentra en evaluación por parte del Ejecutivo.

Fuentes de la Presidencia indicaron a Prensa Libre que la Ley Antipandillas cuenta con el respaldo del mandatario para su sanción, al considerar que “es un instrumento legal que permitirá al Estado combatir a estos grupos delictivos en el país”.

La ley establece un marco jurídico que permite la identificación, designación y tratamiento de las pandillas como organizaciones criminales, transnacionales y terroristas. También contempla la imposición de penas para sus integrantes y colaboradores.

Entre las disposiciones destaca que se endurecen las sanciones por delitos como extorsión, usura y reclutamiento de menores para integrar pandillas. Asimismo, contempla la creación de un centro penitenciario de máxima seguridad, uno preventivo y otro para cumplimiento de condenas, destinados a miembros de estos grupos.

Además, se fijan penas de prisión de 14 a 18 años y multas de Q100 mil a Q300 mil para quienes recluten, organicen o intimiden a menores de edad para participar en actividades delictivas.

El artículo 2 de la ley declara a las maras y pandillas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS), como grupos criminales organizados, transnacionales y terroristas.

También se establece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá ampliar la competencia de los jueces de mayor riesgo para conocer los delitos cometidos por integrantes de estos grupos.

Se prevé que, en los próximos días, el presidente Arévalo anuncie si sancionará, vetará o propondrá modificaciones al Decreto 11-2025.