Para hoy se han anunciado nuevos bloqueos por parte de trabajadores de Salud, para exigir aumento salarial. A esto se suman las manifestaciones y cierres de calles de la semana pasada, así como las protestas y bloqueos por el seguro obligatorio, que generaron Q330 millones en pérdidas diarias, así como una interrupción en las cadenas de suministro. La Corte de Constitucionalidad ha amparado a diferentes gremiales y ordena desbloquear carreteras. Bloquear carreteras está volviéndose la norma ante cualquier solicitud de grupos que actúan al margen de la ley.

Este es el tipo de acciones que el Ministerio de Gobernación no debe tolerar y debe aplicar todo el peso de la ley del decreto 55-95 y el artículo 397 del Código Penal sobre manifestaciones ilícitas, que claramente establece “quienes organizaren o promovieren cualquier reunión o manifestación pública con infracción de las disposiciones que regulan ese derecho o participen en ellas, serán sancionados con prisión de seis meses a dos años”.

Claramente bloquear las vías de acceso público y limitarles la libre circulación a los demás guatemaltecos es un delito, no importan la razón ni la circunstancia que se promuevan. Nuestro país no puede caer en un espiral de desgobierno en donde cada individuo quiera imponer sus ideas y criterios, limitando y afectando el derecho de los demás.

Por esto es tan importante que, al margen de que se logren imponer la ley y el Estado de derecho y que el Ministerio de Gobernación actúe de forma inmediata para retirar con equipos de las fuerzas especiales de antimotines de la Policía Nacional Civil a cualquier persona que quiera bloquear rutas nacionales o las vías públicas, el Congreso de la República retome la discusión de la iniciativa 3468, que dispone aprobar la ley reguladora del derecho de manifestación, que prohíbe cualquier afectación a la libre locomoción.

Esta iniciativa establece como objeto que pretende regular las reuniones y manifestaciones públicas con el único fin de garantizar el orden público. “Toda reunión y manifestación pública deberá ser pacífica y sin armas y deberá realizarse de tal manera que no afecte los derechos constitucionales de otras personas”, establece la iniciativa.

¿Se imaginan que en países como Estados Unidos o Alemania alguien siquiera intentara bloquear las principales vías de comunicación del país? No duran mucho tiempo antes de que los antimotines los retiren de la vía y que quienes cometan este tipo de actos sean puestos ante las autoridades judiciales competentes.

No solo Guatemala no tiene carreteras suficientes, sino permitir que grupos que quieren actuar al margen de la ley las quieran bloquear es un serio atentado a la productividad y al desarrollo del país, que limita la capacidad de nuestra población de ejercer sus derechos constitucionales y fomenta la anarquía y el desgobierno.

Trabajemos juntos por generar propuestas que ayuden a que el país tenga herramientas legales más asertivas para no permitir más bloqueos. Generemos la presión social necesaria y alcemos la voz para recordar que nuestro país no puede quedar al margen de grupos que solo quieren afectar los derechos de la población.

El Gobierno tiene que utilizar los mecanismos que tiene a su disposición para desalojar cualquier intento de bloqueos a las vías públicas y garantizar la libre locomoción en todo el territorio nacional, impidiendo que grupos anarquistas quieran imponer sus demandas y limiten el derecho de los demás. Eso solo nos llevará a seguir teniendo pérdidas importantes para nuestro país.