La Unión Europea indicó que «sigue vigilante ante cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione aún más el Estado de derecho, y está dispuesta a trabajar estrechamente con el Gobierno del Presidente Bernardo Arévalo».

Específicamente, en cuestiones clave de interés mutuo, como «el fortalecimiento del Estado de derecho, la mejora del desarrollo económico sostenible e inclusivo y la promoción de la justicia social en beneficio de la población guatemalteca».

En 2023, Porras fue señalada por Arévalo de orquestar un intento de golpe de Estado en su contra y de tratar de impedir su juramentación en enero pasado. Desde la victoria electoral de Arévalo en agosto de 2023, el MP ha buscado anular los resultados de las elecciones generales y emprender acciones judiciales contra él, la vicepresidenta Karin Herrera, y otros miembros del Movimiento Semilla.

Asimismo, inició investigaciones contra el Tribunal Supremo Electoral y emitió órdenes de captura contra magistrados de esa entidad, generando incertidumbre sobre la legitimidad del proceso electoral.

En octubre, miles de guatemaltecos se manifestaron en las calles exigiendo la renuncia de Porras, y recientemente más de 140,000 personas firmaron una petición para su destitución. No obstante, Porras ha afirmado que continuará en su cargo hasta mayo de 2026, cuando concluye su periodo como fiscal general.