TSE llega a un semestre y debe marcar límites

Se atribuye al papa León X una frase acerca de Leonardo da Vinci, quien estaba retrasando el inicio de una obra encomendada porque estaba ensayando fórmulas de barniz: “Este hombre nunca hará nada; ya está pensando en terminar antes de haber comenzado siquiera a pintar la obra”. Valga esa anécdota como una analogía sobre la preocupación de los escarceos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que hace unos días cumplió su primer semestre en funciones y que el martes último presentó una instancia denominada Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral, en la cual confluyen cinco ministerios (Gobernación, Defensa, Educación, Comunicaciones y Energía), así como instituciones adscritas como la Policía Nacional Civil, la Dirección de Seguridad Vial (Provial), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres; también la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio Público.

Está bien dicha cooperación institucional para poder trazar protocolos de acción, prevención y respuesta de cara al proceso electoral del 2027, cuya convocatoria está prevista para el 25 de enero. Sin embargo, más allá del nombre rimbombante y los fines declarados de este entendimiento, es necesario decir que solo parece un barniz para una obra cuyas líneas generales continúan confusas o más bien sin ser trazadas.

Hasta la fecha siguen sin resolución pública las más de 150 denuncias de campaña anticipada. Quizá no todas son reales, pero más de una aporta indicios de transgresión. Ello, por no mencionar el monitoreo de oficio de las autoridades electorales, que a estas alturas de la gestión ya debería haber sido motivo de más de un apercibimiento, amonestación o incluso multa para demostrar que la magistratura va en serio.

Seis meses es un lapso suficiente como para haberse dado una idea del relativismo con el cual los partidos políticos, así como ciertas figuras, viejas o nuevas, toman la norma electoral. Ciertamente, la Ley Electoral y de Partidos Políticos fue trastocada por diputados, que ejecutaron una reforma mediocre hace una década. La anterior y la actual legislatura ningunearon el abordaje de reformas de segunda generación, incluyendo hacer más taxativo el castigo del financiamiento ilícito. Nunca las abordaron, porque obviamente no les interesa transparentar sus finanzas, no les importa el interés de los ciudadanos —que están dentro y fuera de Guatemala— ni les conviene cerrar el paso al grifo de las finanzas subrepticias.

Presidenciables vociferan desde tarimas o reels de redes sociales con tono de candidatos y evidente promoción de aspiraciones, sin que el TSE diga ni pío. Los magistrados deberían sacudirse el temor o —de haberlo— el conflicto interés porque al único que deben fidelidad es al Pueblo de Guatemala que les encomendó la obra de regir el sistema partidario y electoral. Si no atajan la promoción ilícita ni fijan una exigencia rigurosa de plazos y métodos para la presentación de informes de finanzas, claros, pertinentes y oportunos, estarán contribuyendo a fomentar el mayor peligro para el proceso: la infiltración de dinero de narcotráfico, contrabando, extorsión y otros delitos.

Luce bien llenar una enorme mesa de contertulios institucionales a iniciativa del TSE. Pero primero hay que sentar a los partidos, para marcarles los límites y advertir de consecuencias, incluyendo la máxima sanción que es la no inscripción. Valga decir, como cierre de la metafórica anécdota inicial, que el cuadro para el cual tanto se ensayó el barniz terminó en fiasco. Eso no le debe ocurrir al TSE y lo decimos de buena voluntad.