En el cierre de su misión diplomática en Guatemala, que inició en 2020 y concluye este 2025, el embajador de la Unión Europea (UE), Thomas Peyker, hace un balance marcado por la defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

En entrevista con Prensa Libre, el diplomático expone su visión sobre el impacto que tuvo la presencia europea en momentos críticos, especialmente durante y después de las elecciones generales de 2023.

Peyker advierte que Guatemala se enfrenta a un momento decisivo con las próximas elecciones de segundo grado en 2026, que definirán a las máximas autoridades judiciales y de fiscal general.

Tras su tiempo como representante de la Unión Europea, ¿cuáles considera que fueron los principales logros y desafíos que enfrentó durante su misión diplomática en Guatemala?

Definitivamente, nuestro principal logro fue apoyar el proceso democrático tras las elecciones de 2023, especialmente con el monitoreo de más de 120 observadores internacionales en ambas vueltas.

Esto fue vital porque el Ministerio Público promovió una narrativa de fraude electoral y persecución contra quienes participaron en el proceso, lo cual consideramos un grave ataque a los principios democráticos y al reconocimiento de los resultados legítimos. Por ello sancionamos a la cúpula del MP, responsables de estas acciones.

Nuestra misión confirmó que no hubo fraude, y construir esa narrativa fue un ataque directo a la democracia. Este fue, sin duda, nuestro mayor impacto en estos cinco años. Además, enfrentamos la debilidad del Estado de Derecho en Guatemala, con una justicia cooptada contra el gobierno y la democracia, un problema muy serio.

¿Cómo se refleja ese impacto en el trabajo que realiza la Unión Europea en Guatemala?

Nosotros representamos a la Unión Europea en Guatemala, y defender los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho es nuestra prioridad global. Hemos aplicado sanciones en varios países, como Nicaragua y Venezuela, pero algo muy excepcional ocurrió en Guatemala: somos el único país, aparte de aquí, que ha sancionado a un fiscal general.

Esto refleja un caso único de una institución estatal que, mediante el llamado lawfare —usar la ley para atacar al gobierno—, se enfrenta directamente al propio Estado.

En relación con las sanciones impuestas por la Unión Europea a ciudadanos guatemaltecos, ¿cuál fue el motivo y el alcance de estas medidas y de qué manera se alinean con el compromiso europeo?

El mensaje es claro: el Consejo decidió sancionar a quienes socavan la democracia y el Estado de Derecho, que persiguen a periodistas, jueces y fiscales, a quienes consideran sus enemigos.

Más de 100 operadores de justicia y defensores de derechos humanos siguen en el exilio porque no pueden regresar al país debido a esta persecución. Estas sanciones no representan injerencia, ya que cada Estado tiene derecho a decidir quién puede entrar a su territorio o realizar transacciones financieras. Por eso, estas personas tienen prohibido entrar a los 27 países miembros de la Unión. No queremos que los sancionados entre a Europa y que hagan sus negocios o transacciones financieras.

Justamente veíamos señalamientos luego de esas sanciones de la Unión Europea contra tres guatemaltecos. ¿Cómo responde usted a quienes consideran precisamente que son una injerencia?

El derecho de cualquier Estado es decidir a quién recibe como visitante en su territorio, y no somos los únicos que aplican estas medidas. En el caso de la Fundación Contra el Terrorismo, quedó claro que, en estrecha colusión con el Ministerio Público, han impulsado campañas de difamación, interviniendo en procesos jurídicos con representantes que, muchas veces, manipulan casos y filtran documentos internos.

Son parte activa de los ataques contra la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Por eso, un año después de las primeras sanciones, también se les incluyó como activistas antidemocráticos.

El problema no es tener opiniones extremas, sino que estas personas atacan a otros mediante difamación basada en casos inventados solo porque defienden la democracia y los derechos humanos. Eso sí es serio y no tiene nada que ver con democracia. La corrupción y el crimen no tienen ideología; el problema son las acciones en contra de la democracia y sus principios, y la persecución mediante difamación.

Sobre las elecciones de segundo grado, que serán clave para definir a las autoridades judiciales y fiscales, ¿qué papel cree que puede desempeñar la comunidad internacional para promover la transparencia y la confianza en estos procesos?

El llamado a los guatemaltecos es a involucrarse y participar activamente en las elecciones de segundo grado, que serán públicas y clave para el Estado de Derecho y la democracia. La comunidad internacional apoyará monitoreando y respaldando a la sociedad civil para garantizar transparencia y confianza.

Este proceso es crítico, ya que en pocos meses se elegirán autoridades clave, y sin elecciones transparentes y candidatos idóneos, el riesgo de que el país caiga en manos del pacto de corruptos es muy alto. Por eso es tan importante el año 2026. Tiene una altísima importancia y allí el llamado es a la población para que se involucre.

Estamos planificando, junto con la OEA, el acompañamiento a todas estas elecciones, con especial atención a la elección de la fiscal general, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Contralor General de Cuentas, todos puestos fundamentales para el correcto funcionamiento del país. Sin embargo, el papel principal recae en la sociedad civil, pues son los guatemaltecos quienes tienen el futuro en sus manos; no puede ser solo un asunto de la comunidad internacional.

¿Tienen definido cuántos y cuáles procesos específicos van a acompañar?

Todavía estamos planificando los procesos específicos que acompañaremos y definiendo cómo cooperar con la OEA, que también enviará una misión. Todas las elecciones serán importantes, especialmente la elección de la fiscal general, un puesto protegido por la ley, lo que hace casi imposible remover a la actual titular antes de que termine su mandato. Por eso, la selección de una nueva persona al final de su periodo es clave, dado que el Ministerio Público ha sido una herramienta principal del Pacto de Corruptos.

También es fundamental la elección de magistrados en la Corte de Constitucionalidad, ya que tiene la última palabra y puede frenar acciones del Ejecutivo o Legislativo. Igualmente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) juega un rol clave en la preparación de las elecciones.

El Contralor General de Cuentas (CGC) también es importante, pues su rol en la entrega de finiquitos, y la Usac tiene un papel relevante en estos procesos.

Durante su misión, ¿pudo tener acercamiento con actores como la fiscal general?

Al principio, claramente yo tuve personalmente varias reuniones con la fiscal general, pero donde se rompió la relación fue cuando atacó al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval. No podemos mantener relaciones o diálogos con funcionarios que están sancionados por nosotros. Pero si hablamos del ámbito político, ahí estamos en diálogo con todos.

Yo he tenido reuniones con Zury Ríos, con Sandra Torres, Sandra Jovel, con todas las personas del ámbito político. Eso no es un problema. Expresiones políticas son parte, y en el ámbito ideológico eso es normal, eso sucede en Europa también. Pero otra cosa son acciones criminales.

La Unión Europea ha impulsado proyectos de cooperación en áreas como educación, salud, infraestructura y medio ambiente. ¿Qué resultados concretos destacaría y qué retos persisten para que estos programas tengan un impacto duradero?

En materia de cooperación bilateral no reembolsable, la Unión Europea es un socio muy relevante para Guatemala. Entre 2005 y 2023, la UE junto con sus Estados miembros otorgaron 347 millones de dólares en ayuda no reembolsable al país.

Uno de los proyectos que más me gusta personalmente es el de Empleo Digno, que apoya a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) para gestionar sus negocios y crear más empleo formal con salarios justos. En este programa, hemos enfocado especialmente en mujeres indígenas y jóvenes, y ha sido muy exitoso.

Otro proyecto importante es el combate a la malnutrición, un problema grave en Guatemala donde la mitad de los niños sufre esta condición. Hemos invertido mucho esfuerzo, aunque aún no se ha visto una reducción significativa. Este sigue siendo un gran reto para nosotros y para el Estado.

Para el período 2021-2027, tenemos previstos más de 230 millones de dólares adicionales para proyectos en medio ambiente, principalmente en Petén, con énfasis en la economía circular, digitalización y generación de empleo digno.

Impulsamos también la iniciativa Global Gateway, acordada en la cumbre UE-CELAC de 2023. No se trata de donaciones, sino de líneas de crédito a condiciones preferenciales que permitirán movilizar cientos de millones de euros, con inversiones de grandes empresas europeas y locales en proyectos clave para Guatemala.

Seguiremos trabajando en frenar la contaminación del río Motagua, que produce el 2% de la contaminación mundial por microplásticos.

En Petén, seguiremos apoyando la transformación ecológica, especialmente en agricultura agroforestal, con proyectos que frenan la deforestación y brindan oportunidades económicas a la población local.

También participamos en concesiones forestales y la digitalización, que es clave para el futuro. El gobierno digital agilizará trámites, facilitará el acceso de los ciudadanos a servicios estatales, aumentará la transparencia y reducirá la corrupción al eliminar intermediarios que puedan manipular procesos.

El Global Gateway es una herramienta dinámica que permite incorporar nuevas ideas.

Lea también: Misión de Unión Europea señala que conflictos internos y presión judicial frenan avances en el TSE