Entre esos mismos diputados que votaron por el autoaumento abusivo están los que acicatean las plazas injustificadas, antitécnicas o innecesarias por razones clientelares. El antojadizo artículo 140 de la Ley de Presupuesto —que establece la conversión arbitraria de un número no especificado de plazas temporales de Salud en permanentes, aunque ello implique a la larga un desfinanciamiento— es obra y desgracia de varios de esos mismos congresistas ignorantes de los procesos institucionales. Su negligencia engarza perfectamente con la de jefes sindicales a quienes lo que menos les importa es la salud de la población, la sostenibilidad de los servicios asistenciales y menos aún la economía de la mayoría ciudadana, que les da de comer con sus impuestos, pero a la cual abusivamente le impiden trabajar y producir.

El Gobierno actuó ayer de manera laxa y dilatoria ante los ilícitos bloqueos. En lugar de denunciar a los promotores de tales protestas para las cuales no media ningún fallo judicial, se sentó a negociar bajo presión y chantaje, lo cual no puede llevar a ningún buen resultado, al menos no para la ciudadanía, sobre la cual se quieren echar Q600 millones adicionales de gasto en un aumento que no exige calidad de desempeño ni evaluación de idoneidad, al igual que los pretendidos traslados de renglón laboral.

Pero, en el fondo de todos estos miasmas y sargazos ligosos se encuentran el desfase legislativo y el deterioro institucional de la razón de ser del servicio público. La Ley de Servicio Civil vigente data de hace más de medio siglo y solo con ese dato se puede deducir la caducidad de muchos de sus conceptos, consideraciones y lineamientos. Se han presentado al menos 10 iniciativas en 30 años, pero ningún Congreso ha tenido el valor ni el interés ni la capacidad para aprobar una nueva normativa de burocracia estatal.

Es obvio que no les interesa, porque junto con la descomposición politiquera, la infiltración de dineros sucios y el enquistamiento de prácticas corruptas, a muchos diputados les conviene tener bolsones de plazas como moneda de cambio, ya para mover masas amorfas en protestas manipuladas, o bien, para el siguiente ciclo electorero.

La discusión de una nueva Ley de Servicio Público es impostergable y fundamental para frenar el desangramiento del presupuesto en favor de grupos que solo reclaman aumentos de sueldo, pero que no quieren sujetarse a las normas de revisión de calidad lógicas y necesarias para asegurar la eficiencia de los recursos públicos. Si acaso hubiese un Congreso íntegro, visionario y centrado en las grandes necesidades de la mayoría, esta discusión se habría comenzado y llevado a buen término en el primer año, o desde hace una o dos legislaturas.

Actualmente, hay un grupo de diputados que plantea la posible remoción de la directiva actual, no por exigencias de alto desempeño, sino por puras pugnas ambiciosas. El retroceso de la directiva respecto del autoaumento dejó en el pleno la responsabilidad de cerrar tan abyecto asunto de una vez por todas. Pero entre los que quieren dar el golpe a la directiva hay avorazados partidarios del autoaumento, dispuestos a hacer cualquier monería con tal de sacar ganancia del caos.

Y justo es a ese desorden, a ese cúmulo de vacíos legales y de transigidas impunidades, al que apuestan los politiqueros, ya sean diputados, dueños de partidos o financistas titiriteros. Mientras tanto, siguen creciendo en monto los presupuestos ministeriales. Pero ¿de qué sirve, si desde ya están predestinados a la gazuza, la incompetencia y el pago a hordas clientelares?