Los diputados que integran dicha comisión decidieron aplazar la emisión del dictamen, pese a que la iniciativa presenta tiempos cruciales para su aprobación.

La tarde de este lunes 16 de febrero se celebró la discusión y el análisis entre los congresistas; sin embargo, se acordó recibir nuevamente aportes para “aclarar” ciertos artículos.

Durante el debate se reiteró la urgencia de aprobar la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, cuyo objetivo es actualizar la legislación vigente y cumplir con el proceso de evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

La evaluación a Guatemala está prevista para febrero del 2027, tras haber sido reprogramada.

El sector bancario y financiero se mantiene a la expectativa del avance de esta normativa, debido a que ingresar a la llamada lista gris —denominación de los países considerados poco cooperantes— tendría consecuencias devastadoras para el sistema nacional y para la imagen del país.

Diputados afinan detalles de ley antilavado

El diputado Jorge Ayala, uno de los ponentes del proyecto, informó que se presentó la propuesta de dictamen, la cual contiene amplios consensos y discusiones que se habían abordado en los últimos días.

Sin embargo, durante la sesión y a último momento, otros diputados que integran esa sala de trabajo plantearon observaciones en “línea de enriquecer el proyecto”.

“Lo que observamos es que todos los diputados tienen anuencia de aprobar la iniciativa 6593 con las modificaciones requeridas. Pero hay algunos planteamientos, por ejemplo, sobre el artículo 42, que establece las responsabilidades y obligaciones de los profesionales como personas obligadas, para que podamos dejar más claro hasta dónde llegan esas obligaciones y cuáles corresponden, por ejemplo, a otras personas obligadas del sistema regulado financieramente”, indicó Ayala al concluir la sesión.

A su juicio, en la reunión hubo aportes significativos que pueden ser atendidos. Otras observaciones podrían contribuir a mejorar la redacción de artículos muy puntuales.

Pero reitero que existe toda la voluntad de aprobar la iniciativa, subrayó.

Debaten ajustes a registros y debida diligencia

Por su parte, Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, que trabaja en conjunto el dictamen, aseveró que el artículo 42, que define las obligaciones de las personas obligadas en cuanto al registro de los clientes —como profesionales universitarios, abogados, contadores públicos y asesores jurídicos— establece un mecanismo simplificado de información.

Sin embargo, no se menciona la obligación de almacenar registros durante diez años.

“Para un abogado que trabaja de forma individual, mantener un registro digital de todas las presentaciones es complicado. El artículo ni lo excluye ni establece un procedimiento especial”, citó Estrada Domínguez.

En todo caso, afirmó que será necesario repensar el articulado para que avance en la dirección correcta, pero que también incluya elementos que definan con claridad las obligaciones de las personas obligadas en cuanto al registro y la debida diligencia.

“En este caso, puede ampliarse o agregarse algo para que quede claro”, agregó, y subrayó que Guatemala debe ajustarse a los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero.

Durante la sesión se reconoció la necesidad de acelerar el proceso legislativo para emitir el dictamen la próxima semana.

En la sesión se reconoció la necesidad de acelerar el proceso legislativo de dictamen la próxima semana.

Observaciones buscan afinar redacción sin romper consensos

Al ser consultado el diputado Jorge Ayala sobre si se trataría de cambios de forma o de fondo a la propuesta, afirmó que se trata de aspectos que “básicamente aclararán de mejor forma el espíritu que ya está planteado. Algunas de ellas —creemos— son mejoras de redacción, según la propuesta de algunos diputados”.

Estas observaciones deberán presentarse esta semana para ser atendidas, siempre que no representen riesgo de incumplimiento con las recomendaciones del Gafilat y del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

El objetivo, explicó, es que la evaluación que se realice contemple estas recomendaciones, especialmente aquellas en las que ya se estaba parcialmente en cumplimiento.

Respecto a los tiempos de aprobación del proyecto, enfatizó que existe el compromiso, tanto de la Comisión de Economía como de la Comisión de Finanzas, de acompañar el proceso de dictamen y tenerlo listo para el próximo lunes 23 de febrero.

“A partir de ahí, exhortaríamos a la Junta Directiva a que inicie el proceso para agendar la iniciativa en las próximas discusiones del Pleno”, remarcó.