En octubre del 2024 se hizo público un fraude fragmentado de Q20 millones en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Tal saqueo ocurrió entre enero y febrero del año pasado, cuando aún estaba dirigido por personeros ligados al gobierno de Alejandro Giammattei. A través de tarjetas de crédito recién emitidas se otorgaron extrafinanciamientos a 57 particulares, los cuales retiraron sendos montos en cheque, procedimiento que requirió de la aprobación de varias gerencias. Y no se supo más del dinero. En vista de la falta de pago y la imposibilidad de localizar a los deudores —quienes ni siquiera se pueden llamar tarjetahabientes porque nunca usaron el plástico debidamente—, se presentaron denuncias ante juzgados, para buscar el cobro, pero fueron desestimadas por jueces a causa de supuestos defectos de planteamiento.

La Contraloría General de Cuentas efectuó también, en octubre último, un rimbombante anuncio sobre la orden de una auditoría en el CHN, cuya duración se previó en 60 días. Ya van 90 y no hay visos de resultados. Sin embargo, incluso la actual administración del CHN ha sido señalada por la Contraloría de no colaborar con auditorías previas, relacionadas con el destino de Q3 mil 200 millones en fondos públicos destinados a los programas de asistencia y bonos de pandemia durante el gobierno de Giammattei.

La propia Contraloría exhibió una carta firmada por el actual presidente del CHN, Mario Silva Lorenzana, nombrado por el presidente Bernardo Arévalo en el 2024, en la cual invoca la “autonomía” de la entidad para oponerse a la fiscalización. Si se trata de recursos públicos, es decir, tributados por los ciudadanos guatemaltecos y de un banco mayoritariamente estatal, tales argumentos denotan ignorancia o un interés lesivo.

El Ministerio Público, que con tanta celeridad arma casos a partir de denuncias “anónimas”, bien podría portarse fuerte y firme con este obvio fraude de las tarjetas. En octubre del 2024 tácitamente se entendió que se presentaba la denuncia en un juzgado debido a los magros resultados de varias fiscalías en casos relacionados con denuncias contra la anterior administración, durante la cual, coincidentemente, fue reelegida la fiscal general Consuelo Porras. Ninguna consecuencia ejemplar ni encausamiento existe hasta hoy por la compra de vacunas rusas —pagadas al contado y entregadas por abonos—, ni del fraude de Q67 millones en la compra de equipo inservible para el hospital de Chimaltenango.

Tampoco hay mayores resultados por el fiasco del libramiento de Chimaltenango o por la denuncia de posible narcofinanciamiento de la campaña del expresidente Jimmy Morales, denuncia surgida en el 2021, sobre la cual anunció una pesquisa la Fiscalía de Delitos Electorales, entonces dirigida por Rafael Curruchiche. Nunca se supo de resultados, pero el tema regresa al presente en una sesión legislativa argentina, en la cual el diputado Rodolfo Tailhade exige en el pleno que se esclarezcan los nexos del narcotraficante Federico Machado y varios políticos de aquel país. Para reforzar su argumento, el legislador citó que, en sus operaciones de lavado de activos, Machado habría financiado supuestamente las campañas de Morales y Giammattei.

¿En dónde están los resultados de la pesquisa de la fiscalía electoral del 2021? ¿Para cuándo estará lista la auditoría de la Contraloría de Cuentas por el caso del fraude de tarjetas del CHN? ¿Qué hará el presidente Arévalo ante la negativa reiterada del presidente del CHN de brindar información sobre el manejo de fondos públicos? ¿Tomará el MP la pesquisa del fraude tarjetero?