Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) están por definir la posible continuidad de 320 auxiliares municipales. Sin embargo, observadores del proceso electoral anterior sospechan que las plazas podrían estar relacionadas con funcionarios a cambio de favores políticos, por lo que piden no autorizar nuevos contratos.

En la última reunión pública del TSE con representantes de partidos políticos, la magistrada Blanca Alfaro, presidenta en funciones del tribunal, reveló que enfrenta una nueva investigación penal por esas contrataciones.

Según sus declaraciones, las 320 plazas no fueron autorizadas por el pleno debido a que, en ese momento, este se encontraba desintegrado. Pero ahora, después de una tregua entre Alfaro y los magistrados suplentes, será el pleno quien conozca la posible continuidad del personal auxiliar.

La función del delegado municipal auxiliar es suplir las ausencias del titular, para evitar el cierre de las dependencias regionales del TSE.

La forma en que se originaron las contrataciones causó molestias entre grupos sindicales del tribunal, que presentaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, la cual fue desestimada, según Alfaro.

No obstante, el caso escaló hasta el Ministerio Público (MP), que abrió una nueva investigación. Esto ocasionó molestias en la presidenta en funciones, quien sugirió públicamente el cierre de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que tiene a su cargo el caso, según Alfaro.

Favores políticos

Para expertos en materia electoral, el TSE no ha justificado las 320 contrataciones. Por el contrario, sospechan que representan un gasto injustificado de recursos públicos asignados al órgano electoral.

“Lamentablemente, el TSE cayó en la misma tendencia de muchas instituciones del Estado: convertirse en bolsón de contrataciones clientelares o pago de favores”, dijo Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana.

El representante de la organización fiscalizadora, que vigiló el proceso electoral del 2023, cuestionó el momento de los contratos, pues considera que en el 2025 no existe una carga de trabajo que justifique reforzar el personal.

“No hay un estudio que avale por qué contratar a estas personas ni qué tareas tan urgentes justifiquen que no puedan ser atendidas por los delegados existentes. Además, ni siquiera estamos en un año previo a elecciones”, afirmó.

Marroquín considera que el pleno debería suspender las contrataciones, por tratarse de un gasto innecesario que podría implicar pago de favores a funcionarios.

“Es un abuso del uso de los recursos. El presupuesto del tribunal se ha quintuplicado, y no se justifica, a menos que sea pago de favores para congraciarse con diputados o funcionarios con miras a una futura reelección, o por tráfico de influencias”, indicó.

Prioridades

Pedro Cruz, de Primero Guatemala, organización que fiscalizó el gasto electoral en el 2023, coincidió en que hay otros aspectos prioritarios.

“Sinceramente, no creo que contratar a 320 personas de manera temporal sea necesario ni urgente. Hay aspectos más importantes, como las jornadas de empadronamiento, que sí deben priorizarse”, subrayó.

Además de lo poco útil que puede ser este personal, Cruz enfatizó que el TSE debe cuidar los recursos públicos que administra.

“El TSE debe analizar las demandas ciudadanas de transparencia y cómo se manejan los recursos. Son fondos provenientes de nuestros impuestos”, advirtió.

A su juicio, el pleno debería optar por no ampliar los contratos. “Creo que deben considerar las necesidades inmediatas de la institución, y estas recontrataciones no parecen prioritarias ni justificadas”, añadió.

Poca transparencia

Guillermo Fuentes, analista de la organización Aire, opinó que todas las decisiones del pleno, incluso las administrativas, deberían ser públicas.

Sin embargo, destacó que el TSE dejó de publicar en su sitio web los acuerdos del pleno, lo cual afecta la transparencia en decisiones como la contratación de personal.

“En la página web no están subiendo los acuerdos, que antes se publicaban habitualmente. Eso demuestra falta de transparencia. Otras entidades no tienen problema en publicar sus resoluciones”, expresó.

Para Fuentes, es urgente que el TSE fortalezca sus canales de comunicación.

“El Tribunal Supremo Electoral debería publicar todos los acuerdos omitidos este año y los futuros. Eso permite conocer las decisiones del pleno y cómo se adoptaron”, concluyó.

Decisión pendiente

La presidenta en funciones del TSE informó que en la sesión plenaria del martes pasado no se conoció el punto sobre las contrataciones, el cual sigue pendiente para una futura sesión.

“Vamos a continuar con los asuntos que quedaron pendientes. Aún no hemos llegado al punto relativo a los nombramientos”, declaró Alfaro a los medios tras participar en un evento sobre jóvenes y política.

Agregó que la agenda de la plenaria actual se centra en temas administrativos. “Ya abordamos resoluciones pendientes de algunas apelaciones y acuerdos relacionados con renuncias o cambios en corporaciones municipales”, precisó.

La sesión plenaria continuó este miércoles, pero no se ha tomado una decisión respecto de las 320 contrataciones.

#Ahora | La presidenta del TSE, Blanca Alfaro arremete contra la Feci y dice que el próximo fiscal general del MP la debe desaparecer ya que ha hecho persecuciones “selectivas”. pic.twitter.com/kveKvzPjCK

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) June 27, 2025