La alianza política que hace unas semanas consiguió retener la Junta Directiva del Congreso, ayer intentó sin éxito excluir al sector privado representado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), de la ley que busca agilizar proyectos contenidos en alianzas público-privadas.

La iniciativa en discusión es la 6433, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura, conocida también como la ley de Anadie, que fue aprobada en su tercera lectura el pasado 2 de septiembre.

Para la sesión de este martes 18 de noviembre, el pleno priorizó su aprobación que estaba en la parte final del orden del día, colocando la redacción final de la norma en uno de los primeros puntos de la jornada parlamentaria.

La ley busca que el Estado tenga mayor agilidad para aprobar proyectos en alianzas público-privadas, en donde se estaría eliminando una segunda autorización que recaía en el Congreso para que las obras se realizaran.

Para hacerlo más ágil, los diputados incluyeron un artículo nuevo que fija a todas las entidades del Estado que emiten autorizaciones, permisos y licencias un plazo de 30 días para responder.

Las autoridades podrán solicitar, por una única vez, información adicional, añadiendo que un eventual silencio administrativo hará que la solicitud sea tomada como positiva.

Una iniciativa para convertirse en ley necesita ser aprobada en tres lecturas ordinarias, por artículos y redacción final. En cada una de las fases se necesita el voto de la mayoría de diputados.

Este martes, en medio de la aprobación por artículos se presentaron varias propuestas de cambios, algunos peligrosos a consideración del diputado Orlando Blanco, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

En una enmienda, según Blanco, se intentó “meter goles”, con una redacción que permitía operaciones en áreas protegidas. “Somos un país con una cultura milenaria, con muchos vestigios de la cultura Maya, pero con eso prácticamente allanamos el camino para que cualquier ente privado pueda distorsionar un patrimonio cultural”, advirtió Blanco.

Esta trampa, a criterio del diputado de VOS, iba a estar incluida en una enmienda al artículo cinco, que tras su argumentación no hizo eco entre el pleno del Congreso y finalmente fue rechazada.

La integración de Conadie

El dictamen de las reformas a la Ley de Anadie contiene 46 artículos, y los diputados lograron aprobar ocho de ellos; al llegar al artículo nueve la tensión subió y finalmente se terminó el intento de aprobación.

El artículo nueve regula la integración del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), que en el dictamen favorable daba tres de los cinco puestos al sector privado de la siguiente forma:

• Ministro de Economía, quien lo preside
• Ministro de Finanzas
• Director Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad – Pronacom-
• Presidente del Cacif
• Presidente de la Cámara de la Construcción

Sin embargo, el oficialista, Samuel Pérez, presentó una enmienda para que ese consejo estuviera integrado sin la presencia de ningún representante del sector privado, sugiriendo al pleno una nueva integración para el Conadie:

• Ministro de Finanzas, quien lo preside
• Ministro de Economía
• Ministro de Comunicaciones
• Ministro de Energía y Minas
• Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia

La enmienda de Pérez se presentó en dos ocasiones ante el pleno, pero la propuesta no alcanzó ni 40 votos de los 107 que necesitaba para aprobarse, ya que antes se había acordado dispensar la tercera lectura de la iniciativa, por lo que la Ley Orgánica del Organismo Legislativo requiere en estos casos el acuerdo de las dos terceras partes del Congreso, una mayoría calificada.

Se enfrentan

Para Pérez, la respuesta de la mayoría del Congreso, que apoyo la presencia del sector privado en la Conadie dejó claro como algunos legisladores responden a ese grupo empresarial.

“Se pone en evidencia a un grupo de diputados vendidos, se pusieron de alfombra. Están dejando en la directiva de esto al Cacif, esto es ridículo, es igual a cuando un marero presentó un amparo a la ley antimaras”, dijo Pérez al razonar su voto.

La también oficialista, Andrea Reyes, cuestionó la integración del sector privado en ese consejo: “En la Junta Directiva de una entidad que va a distribuir proyectos, no pueden decidir las mismas personas que van a recibir los proyectos, hay un conflicto de interés que el Cacif esté integrando esta Junta Directiva”.

En respuesta a los argumentos del oficialismo, Ronalth Portillo, del bloque Vamos, dijo que los argumentos de los diputados lejos de ser técnicos son ideológicos, por lo que no apoyaría el cambio propuesto.

“No hace sentido tener una ley así, destruyendo a sector privado. Su ideología no les deja ver más allá del desarrollo de una nación, lo tiene bloqueado, destruido y lo están sacando”, dijo Portillo.

También el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, instancia que emitió el dictamen favorable a la ley, defendió al sector privado y cuestionó al grupo de oficialistas, asegurando que el visto bueno de la propuesta contó con el aval de Pérez y Reyes, que estuvieron en la discusión de la iniciativa.

“Ellos dictaminan y firman donde dejan al Cacif, inclusive dejan más votos a favor del sector privado. Lo que nosotros hicimos fue priorizar y dejar la institucionalidad hasta ahora, pero con su voto y firma confirman una estructura, y ahora con mucha indignación plantean lo contrario”, les cuestionó Estrada.

Pérez respondió a Estrada, quien todavía tiene en sus manos sin dictaminar la iniciativa del Presupuesto 2026, señalando que él mismo podría tener un conflicto de interés con la ley, porque tiene familiares que integran entidades privadas que están enlistadas en este consejo directivo.

Más diputados se sumaron a la discusión hasta que, finalmente, se pidió revisión de quorum y se confirmó que no había la cantidad mínima de 107 diputados para seguir aprobando la ley, por lo que se dejó en pausa en el artículo 9 y se continuó con la sesión.

Otros temas

Los diputados siguieron con la agenda, superadas las 20 horas, y aprobaron de urgencia nacional una iniciativa que busca subsanar errores en el Presupuesto del 2025, en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, y la reciente Ley Antipandillas.

Entre los cambios modificaron el nombre de dos organizaciones no gubernamentales incluidas en el Presupuesto del 2025, ya que iban con errores de redacción, lo que impide que puedan recibir el dinero asignado.

Se trata de Plataforma de Mujeres Indígenas y el Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ixwa (Ixiwa–ONG). La primera tendrá que recibir Q3 millones y la segunda Q5 millones.

También añadieron nuevos incisos en el artículo dos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Añadiendo los delitos de hurto de fluidos, robo de fluidos y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública.

Así mismo se añadió violación, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, femicidio y reclutamiento de personas menores de edad; en otro inciso se enumeraron extorsión, exacciones intimidatorias y más cargos atribuidos a pandillas.

Entre las correcciones legislativas del pleno también añadió un nuevo párrafo a la ley antipandillas que permite al Estado obviar los procesos de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, para cumplir con el fortalecimiento de los centros de privación de libertad.

También aprobaron un subsidio temporal para los dueños de viviendas que sufrieron daños por los sismos de este año. El subsidio será de Q10 mil a Q70 mil, siendo el Ministerio de Desarrollo Social el encargado de evaluar a los solicitantes y administrar los recursos.