La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) señalaron que la violencia y el asedio al personal y auxiliares de los camiones de reparto de productos de consumo masivo se han incrementado desde junio.

Agregaron que este fenómeno refleja la disputa por el control territorial entre grupos criminales y la crisis en los reclusorios.

Señalaron que existe una cuota de extorsión que deben pagar como “peaje” para poder trasladar productos en Mixco, Villa Nueva y las zonas 18, 24, 5, 6, 12 y 25 de la capital.

De acuerdo con Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, no han recibido denuncias por parte de empresarios respecto de un “cobro de peaje” para dejarlos trabajar en determinados sectores del país.

“Un cobro de peaje sería un nuevo fenómeno que estaríamos afrontando, que no tenemos los detalles de parte de ellos, es decir, hasta el momento no hemos sistematizado información y sí, haría un llamado a que pudiéramos presentar la situación en las mesas de trabajo correspondientes”, comentó el funcionario.

Indicó que están trabajando directamente con las empresas que han sido víctimas de extorsión, pero no había sido notificado sobre la nueva modalidad de “peaje”.

“Me parece, honestamente, un poco extraño; no quiero decir que no suceda, sino que pueda ser que haya un nuevo actor criminal”, reconoció.

Señaló que probablemente los mismos actores criminales estén buscando otros mecanismos.

“Sí hay una preocupación, y hago un llamado a los sectores empresariales, particularmente a las empresas que tengan este inconveniente, para poder trabajar con ellas”, mencionó.

Explicó que, al recibir la información sobre los peajes o extorsión, iniciaron una investigación y un trabajo de inteligencia para llevar a cabo operaciones que permitan reducir ese impacto.

Ministerio de Gobernación crea mesas de trabajo con empresarios

El funcionario explicó que, desde el inicio de este gobierno, decidieron involucrar al sector empresarial para mejorar la seguridad, y se crearon 17 mesas de trabajo.

“Los sectores empresariales son fundamentales para el desarrollo del país, y nuestra responsabilidad es crear las condiciones de seguridad adecuadas para ese desarrollo. Por eso abrimos varias mesas de trabajo con diferentes sectores empresariales”, dijo.

Jiménez comentó que la información que los empresarios proporcionan es reservada y que los casos se trabajan con confidencialidad, para no afectar a los trabajadores de las compañías. Además, afirmó que, en los casos exitosos, todos los empleadores han colaborado con los requerimientos de la investigación.

“No son solo denuncias, vamos generando acompañamiento, vamos generando asesoría; así que nosotros le llamamos a esto un término técnico: asesoría victimológica”, añadió.

Argumentó que ya trabajan de la mano con transportistas, sistema financiero, transporte de valores y buses.

Jiménez enfatizó que existe un intercambio permanente de información sobre la situación que estos sectores estén viviendo, y han atendido varios casos en temas de seguridad, no solo extorsión.

Dijo que uno de los logros es la reducción de robos a furgones en carretera, y que han desmantelado a dos estructuras criminales.

“En Escuintla, que ha sido un punto muy afectado por extorsión, estamos trabajando actualmente con algunas empresas porque volvieron a ocurrir actos de ese tipo”, reconoció.

¿Qué pasa con las llamadas extorsivas?

El último reporte del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentado este martes 26 de agosto, señala que en julio se registraron 2 mil 396 denuncias de extorsión en todo el país; en junio fueron 2 mil 216 y en mayo, 2 mil 712, esta última la cifra más alta del año.

De acuerdo con el titular de la cartera, esas denuncias corresponden a solicitudes de dinero bajo amenazas, y los equipos de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil atienden cada caso.

Agregó que la mayoría de esas llamadas proviene de imitadores, quienes intimidan a los ciudadanos por vía telefónica, pero no representan un peligro real.

“Lo que sucede es que, de unas 14 mil —según el último dato que tengo—, solo se pagó el 10%”, explicó.