Los procesos políticos en los regímenes democráticos son competiciones por el poder. Análogamente a lo que ocurre en otras competiciones, como las deportivas, hace falta contar con reglas y con árbitros, que, en este caso, son instituciones, que hagan valer las reglas de la competición.

Los competidores con agudo olfato están siempre midiendo hasta dónde les dejan llegar los árbitros. Lo mismo hacen los estrategas de los partidos políticos con vistas a ganar aliados, cuotas de poder, recursos para financiar las campañas, fondos para los candidatos y las propias elecciones.

Del otro lado, es decir, del lado de los factores externos a un partido político que pueden favorecer que gane posiciones en la competición por el poder, están los “grupos de interés”. Entre esos grupos de interés están los sindicatos, en Guatemala, llamados de “trabajadores del Estado”. Esto se debe a una deformación que se origina de la propia Constitución pues así los llama. Sin embargo, luego aclara que las relaciones del Estado y sus entidades con “sus trabajadores” se rigen por la Ley del Servicio Civil, y no por pactos colectivos negociados en secreto.

Bien, sustentados en parte por esta visión distorsionada, en lugar de ser entendidos y de verse a sí mismos como integrantes de un régimen de servicio civil, ejerciendo funciones públicas del Estado para servicio de la sociedad, los “trabajadores del Estado” se han ido disfrazando de contrapartes de un “patrono”, el Estado, cuyos representantes son los políticos que ocupan diversas posiciones de poder en cualquier gobierno determinado.

Así, esos “trabajadores”, en lugar de ser funcionarios al servicio de la sociedad y el Estado, se han transformado en grupos de interés, personificados por los sindicatos que, con mucha más palanca desde 1985, por el surgimiento del derecho a la huelga, negocian beneficios y privilegios a cambio de todo lo que puedan ofrecer a los partidos políticos para que ganen la competición.

De ese modo, la ecuación que se presenta a la sociedad y a los medios de comunicación social es muy simple: yo, sindicado, estoy enfrentado contra mi patrono, el Estado, y lucho por mis “derechos laborales”. Pero la historia, verdaderamente, es otra: yo, grupo de interés, “intercambio” cosas que le interesan a los partidos políticos que estén en posición de ofrecerme ventajas y privilegios. Una de esas cosas que interesa a los políticos gobernantes es evitar grandes disrupciones, como las marchas, las manifestaciones y las huelgas. Pero, además, están lo votos.

Hasta aquí, “lo que es”. Lo que pudiera ser es un régimen de servicio civil enfocado en contar con funcionarios probos y competentes que, después de superar concursos por oposición, demostrando sus capacidades e idoneidad para servir a la sociedad y al Estado como funcionarios públicos, acceden a un régimen que regula, de manera transparente y bajo la gestión y supervisión de instituciones sólidas, los ingresos, la permanencia, los ascensos y promociones, la jubilación y la disciplina a que deben estar sujetos. ¿Por qué no es así? Pues, en buena medida porque las instituciones que debieran impedir que los partidos en el poder ganen posiciones en la competición a cambio de dar ventajas y privilegios a esos grupos de interés, no lo han hecho. Son, instituciones débiles “por diseño”.

Lo más grave es que esto ha dañado, principalmente, a los servicios públicos esenciales: seguridad, salud y educación.