En Guatemala, los miembros de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha (MS) fueron declarados terroristas. Así lo dispone la nueva ley antipandillas que el Congreso aprobó con el propósito de reducir y mitigar la conducta de esos grupos criminales.

La Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, contenida en el Decreto Legislativo 11-2025 y aprobada el 21 de octubre pasado, fue enviada a la Presidencia de la República para su sanción o veto.

Este lunes 10 de noviembre, el Gobierno publicó en el Diario de Centro América el decreto 11-2025 y con esto cobra vigor la nueva normativa.

Prensa Libre desarrolló un conversatorio virtual titulado “Luces y sombras de la ley antipandillas”, que convocó a dos para analizar los escenarios que abre esta legislación.

La norma consta de 21 artículos. Entre otros aspectos, declara terroristas a los pandilleros; crea delitos como el reclutamiento de menores y la usura; y prohíbe medidas sustitutivas para quienes pertenezcan a una mara.

También contempla controles financieros, como la inmovilización de cuentas bancarias cuando un sospechoso esté vinculado a un proceso penal por integrar pandillas.

Además, autoriza al Ministerio de Gobernación a adquirir hasta Q200 millones en equipo, para que agentes policiales e investigadores cuenten con herramientas para enfrentar a estos grupos delictivos.

Uno de los aspectos que destaca es que se ordena al Estado la creación de una cárcel de máxima seguridad para mareros, ante las deficiencias actuales del Sistema Penitenciario (SP).

Asimismo, se permite que, mediante acuerdos con otros países, los pandilleros puedan ser trasladados al extranjero mientras se construye el nuevo centro de reclusión.

¿Quiénes mandan en las cárceles?

Participaron en el conversatorio el abogado penalista y exfiscal de la unidad contra pandillas del MP, Edgar Morales, y el diputado Elmer Palencia, vicepresidente electo del Congreso, uno de los promotores de la ley.

Morales recordó que una de las grandes deficiencias del Estado es el control del SP, donde, según él, las autoridades muchas veces se someten a los reos.

“En muchas ocasiones en que ejecutábamos allanamientos en cárceles, teníamos que negociar con los reclusos para que nos permitieran ingresar”, relató Morales.

Esa “solicitud de permiso” jugaba en contra, ya que cuando se les autorizaba entrar, la evidencia había sido destruida. “Ya habían quemado los papeles donde anotaban números extorsivos, cuentas bancarias, teléfonos, o ya habían escondido los ilícitos”, agregó.

La clave: el aislamiento

Según expertos, la debilidad del SP para controlar a los pandilleros ha generado consecuencias graves: extorsiones y asesinatos coordinados desde las prisiones, ante la incapacidad estatal para aislar a los cabecillas.

Morales sostuvo que si se logra aislar a los líderes de la Mara 18 y la MS, sería más fácil neutralizar sus operaciones.

“Estas estructuras, al ser jerárquicas, respetan mucho el liderazgo”, explicó, por lo que considera que el aislamiento es fundamental.

Con el tiempo, las maras han innovado en sus formas de comunicación, dijo Morales. “Utilizaban ‘huirlas’ o ‘nubes’, pequeños manuscritos con letra diminuta en pedazos de papel, donde escribían órdenes que luego eran sacadas de prisión”.

Relató que incluso un gesto aparentemente inocente, como un beso, puede servir para trasladar una orden criminal. “En una foto se veía a dos personas besándose; al hacer zoom, se detectó que una pasaba un papel a la otra”, contó.

Nueva prisión

El diputado Palencia fue uno de los congresistas que impulsaron la aprobación de la ley antipandillas, al promover una serie de enmiendas que, considera, fortalecieron el documento original.

Aunque la ley permitirá acciones directas contra las pandillas, el también vicepresidente electo del Congreso asegura que está consciente de que se necesitan nuevas leyes, las cuales espera puedan ser impulsadas desde el Legislativo para fortalecer la seguridad ciudadana.

Palencia y otros diputados han sido de los más críticos de la reciente fuga de 20 pandilleros del Barrio 18. La evasión derivó en varias renuncias en la cúpula del Ministerio de Gobernación y en órdenes de captura contra el exministro Francisco Jiménez y la exviceministra de Seguridad Claudia Palencia.

La nueva ley ordena la creación de una cárcel de máxima seguridad, con lo que los diputados esperan que se logre cumplir con los aislamientos necesarios para evitar la coordinación y conducta criminal de las maras.

“Dentro de la ley hay una orden hacia el Organismo Ejecutivo para iniciar la construcción de una cárcel de máxima seguridad específicamente para estos grupos criminales. Se da un plazo para comenzar con el proyecto”, indicó Palencia.

Extraditar a mareros

Mientras se edifica esa prisión, la ley permite al Estado trasladar a pandilleros condenados a cárceles en el extranjero, siempre que se cumplan los requisitos de seguridad.

Palencia sostuvo que esta opción brindará una respuesta inmediata y reiteró que ejecutar la ley es ahora tarea del presidente Arévalo.

“La política exterior es competencia del presidente, y será él quien deba gestionar los acuerdos con otros Estados para combatir a estos grupos ya declarados como terroristas”, apuntó Palencia al cierre del conversatorio.