El salón principal de recepciones del Palacio Nacional de la Cultura fue escenario el domingo 26 de octubre pasado de una inusual y dramática cadena nacional presidida por las máximas autoridades políticas del país, electas democráticamente, acompañadas en pleno por altos funcionarios del gobierno y por diputados más o menos allegados, en el que se hizo un llamado urgente y desesperado a “defender la democracia con decisión y sin titubeos” ante un inminente golpe de Estado judicial.

A pesar de que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien llevó la voz altisonante, convocara con vehemencia a los diferentes sectores a “un momento histórico de unidad nacional”, no tuvo ese llamado incidencia significativa alguna. Es sumamente preocupante que a menos de dos meses de cumplirse dos años de haber tomado posesión el 14 de enero del 2023 de forma atropellada y con el auxilio decidido y determinante de la comunidad internacional, haya perdido progresivamente por soberbia, por tozudez ideológica, por activismo sectario, por incompetencia en el liderazgo gubernamental, entre otros factores, el apoyo político y público de los sectores a los que convocó, incluyendo aquellos de izquierda más afines a su posición ideológica, y especialmente de una ciudadanía cada vez más frustrada y desencantada que en general ni se inmutó ante lo expresado en la cadena nacional.

Esta abierta debilidad política de carácter gubernamental que pareciera ser crónica y sistemática que conlleva una pérdida seria de legitimidad ante un electorado que confió en sus promesas de campaña electoral, menoscaba precisamente la lucha institucional contra la corrupción que es y debe ser transversal, así como contra el manto de impunidad que parte del sistema de justicia dispone, sobre todo en casos de corrupción emblemáticos de gobiernos anteriores.

La disposición de la comunidad internacional de auxiliar nuevamente al gobierno de la República y de apuntalarlo ante una frágil gobernabilidad en momentos de desamparo nacional ha demostrado que no resuelve del todo los desafíos propios que nos corresponden en última instancia a los guatemaltecos enfrentar dentro del marco constitucional y democrático vigente.

Es imperativo que más allá de las visitas fugaces de las delegaciones designadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), y de otros países u otras organizaciones internacionales que se realicen ante los procesos de las llamadas elecciones secundarias del próximo año, que efectivamente son cruciales para fortalecer nuestro régimen constitucional, se haga una fuerte consciencia ciudadana de la importancia de estos procesos, sin caer en los sesgos peligrosos de los sectores que han corrompido y debilitado el sistema democrático, como también en los sesgos políticos divisivos del gobierno del presidente Arévalo.

La comunidad internacional debe ser absolutamente imparcial y cuidarse de no hacerle el juego a los intereses partidistas y/o ideológicos del gobierno de la República. Hay dudas fundamentadas de que el presidente de la República, facultado como elector, se decante por personas afines ideológicamente sin méritos profesionales reconocidos, como lo ha hecho con la mayoría de los nombramientos en su gobierno y tomando en cuenta que tiene procesos legales en su contra que la ciudadanía desconoce en su verdadero alcance y su justa dimensión jurídica.

Hay situaciones que deben transparentarse y dilucidarse a tiempo, para generar confianza, particularmente si el presidente Arévalo se enfrenta a aquella circunstancia de ser juez y parte en momentos cruciales que demandan imparcialidad y objetividad en los procesos de elección del año próximo.