El IGSS ya no es una institución, es un síntoma de un sistema que se derrumba a la vista de todos. Mientras tanto, la Junta Directiva mira hacia otro lado, los políticos lo usan como botín y millones de trabajadores siguen pagando puntualmente por un servicio que no reciben. El colapso no es accidental; es consecuencia directa de décadas de negligencia, corrupción y cobardía institucional. Y hoy, el IGSS es quizá la mayor estafa pública del país.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se volvió un lugar donde la gente entra buscando alivio y sale con más desesperanza. Durante décadas, el IGSS fue concebido como un seguro para proteger al trabajador, pero hoy opera como un laberinto que castiga a quienes mantienen vivo al país. Las historias se repiten a diario, citas que se entregan meses después, operaciones urgentes que se programan para el año siguiente, falta de medicamentos básicos y salas saturadas. El colapso ya no es una advertencia; es un hecho inminente.

En sus pasillos se escucha la misma frase: “Aquí uno se cura por fe, no por el sistema”. No es exageración. Hay pacientes que esperan una radiografía durante semanas, mientras su diagnóstico se atrasa hasta que ya es tarde. Otros deben llegar a las tres de la mañana para intentar conseguir una consulta que, con suerte, no será reprogramada. Y hay casos absurdos, como enfermos citados después de haber fallecido; medicamentos que desaparecen del inventario; exámenes que nunca se procesan porque la maquinaria está dañada desde hace años. Si esto no es colapso, ¿qué lo es?

La raíz del problema es estructural. El modelo de atención es obsoleto, las compras están atrapadas en una maraña burocrática, la tecnología se quedó en los 90 y la supervisión no existe. La Junta Directiva, que debería actuar como cerebro del sistema, se ha convertido en una mesa de intereses cruzados donde convergen sindicatos, representantes empresariales y operadores políticos que discuten más cuotas que soluciones. El resultado es un sistema sin liderazgo, sin innovación y sin brújula.

Pero más allá del drama humano, el deterioro del IGSS es también un golpe económico. Las empresas pagan puntualmente sus cuotas, los trabajadores aportan cada mes, y a cambio reciben un servicio que no corresponde a lo que financian. Miles de guatemaltecos sienten que no vale la pena pagar por un seguro que no asegura nada. Y mientras tanto, la salud pública se resiente, la productividad cae y el país pierde millones en días laborales que se esfuman entre trámites y esperas interminables.

Salir de esta crisis no exige milagros, sino decisiones valientes. La primera: modernizar el sistema con tecnología real, no con promesas. Expedientes digitales, citas en línea, seguimiento automatizado de medicamentos y auditorías digitales de compras. La segunda: reforma profunda de la Junta Directiva, para retirar intereses que bloquean el cambio y reemplazarlos con perfiles técnicos, independientes y con verdaderas competencias en salud pública. La tercera: modelo de atención mixto, que permita al IGSS contratar servicios privados cuando el sistema esté saturado, para evitar que los pacientes sigan esperando lo que no puede esperar. La cuarta: un régimen de evaluación y sanciones para proveedores, directores y unidades médicas que incumplan estándares mínimos.

El IGSS puede salvarse, pero no con más excusas ni con más diagnósticos. Requiere una cirugía mayor. Un sistema de seguridad social debería proteger la vida, no ponerla en riesgo. Guatemala ya no puede tolerar un IGSS que funcione como un archivo muerto; ya es hora de convertirlo en la institución moderna, humana y eficiente que el país merece.