El Gobierno de Guatemala y representantes de organizaciones sociales continuarán con otra fase del diálogo sobre el reglamento que busca implementar el seguro obligatorio para terceros en accidentes de tránsito.

La medida será discutida en una nueva fase de consultas, luego de que el presidente Bernardo Arévalo se reuniera el lunes último con líderes del movimiento, entre ellos César Bol, representante de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito.

“No podemos permitir que se empiece desde cero, porque eso sería matar el reglamento; los acuerdos son retomar el diálogo y consultar a los sectores sobre en qué no están de acuerdo”, afirmó Bol, al referirse a la propuesta inicial del equipo técnico del Gobierno.

En cambio, se acordó que el punto de partida serán los reglamentos que fueron publicados y posteriormente derogados en marzo pasado, que contienen en un 90% la propuesta de las organizaciones agrupadas en la Alianza Guatemala por Guatemala .

Hoja de ruta en construcción

El encuentro con el mandatario se produjo luego de que varias organizaciones sociales y del sector transporte expresaran preocupación por la falta de avances, según Bol.

Entre el 9 y el 12 de junio, agrupaciones como el Consejo Indígena y Campesino de Guatemala (Coica), la Alianza Campesina y el Frente Nacional de Lucha (FNL) enviaron cartas solicitando retomar el proceso.

A juicio del también vocero de la Asociación de Víctimas, estas cartas fueron una medida de presión que tuvo efecto: “Fue importante que la sociedad se enterara, porque el contexto de accidentes sigue. La derogación del reglamento no detuvo eso”.

Aunque no se ha definido la fecha de la próxima reunión, según Bol, el Gobierno se comprometió a presentar una metodología clara para avanzar en esta etapa, que incluirá consultas sectoriales y revisión técnica de aspectos clave.

Seguro obligatorio y debate por motocicletas

Uno de los puntos centrales sigue siendo la implementación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil para terceros. Las organizaciones afirman que esta medida es necesaria para brindar respaldo económico a las víctimas de accidentes viales.

Sin embargo, el costo del seguro para motoristas ha ocasionado inquietudes. Según Bol, el segmento de motocicletas representa más del 50% de los siniestros en el país, por lo que “hay que buscar un punto común que permita acceso, pero también responsabilidad”.

“La propuesta inicial era de Q250 anuales, pero lo que se publicó es mensual, y eso cambió todo. Los números están caros (sic), tanto mensual como anual, y hay razón en la inconformidad”, señaló. Esto afectaría principalmente a conductores de bajos ingresos, por lo que indicó que pedirán una revisión cuidadosa del tema.

Bol explicó que en el modelo original se proponía que un motorista, al pagar su seguro, tuviera derecho a una cobertura equivalente a cuatro salarios mínimos en caso de lesiones y hasta 50 salarios mínimos en caso de fallecimiento.

No obstante, indicó que la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha expresado reparos sobre la diferencia en coberturas entre tipos de vehículos, lo que requiere análisis técnico y jurídico adicional.

Otro punto señalado fue la falta de estrategia de comunicación en la publicación del reglamento anterior, lo que provocó desinformación y rechazo entre sectores clave. “No hubo nada, ni mínimamente una campaña de comunicación. Ahora sí hay que hacerlo, se tiene que hacer para que la sociedad esté enterada”, añadió.

La Alianza Guatemala por Guatemala solicitó también participar en las mesas de diálogo con sectores que manifestaron reparos, como algunas agrupaciones de transportistas y aseguradoras, con el fin de explicar el contenido y beneficios reales del reglamento.

“Bienvenida sea toda propuesta con sus argumentos válidos, porque lo que se quiere es tener un reglamento que en verdad beneficie a 16 millones de guatemaltecos”, concluyó Bol.

Contexto de la derogación

En marzo del 2025, después de las protestas en varios puntos del país, el gobernante anunció la derogación de los acuerdos que establecían el seguro obligatorio.

En un mensaje a la nación explicó que fue una medida para retomar el diálogo y construir consensos. “Entiendo estas dudas, entiendo este malestar”, dijo, y anunció la conformación de una mesa técnica para discutir una nueva normativa en un plazo máximo de un año. También propuso una iniciativa de Ley General de Transporte.

Arévalo instruyó al Ministerio de Gobernación y al Viceministerio de Transporte a abrir el diálogo con los distintos sectores involucrados. “Guatemala necesita cambiar y dar pasos firmes hacia un futuro mejor, donde la seguridad vial esté garantizada”, enfatizó.

Otro reglamento en revisión

De forma paralela al debate sobre el seguro obligatorio, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) remitió a la Procuraduría General de la Nación (PGN) una propuesta para reformar el reglamento que establece revisiones a los autobuses de transporte colectivo con 25 años de antigüedad.

La PGN confirmó que ya realizó el análisis jurídico del expediente y trasladó sus observaciones mediante una providencia a la asesoría jurídica del CIV. Ahora será esa dependencia la que deberá valorar los señalamientos y definir el curso del trámite administrativo.

“La Procuraduría General de la Nación, en el marco de su mandato constitucional de asesoría y consultoría, evaluó la legalidad y juridicidad de las actuaciones y del normativo que se pretende reformar, ahora será el Departamento jurídico de dicha cartera quien las analice y tome las consideraciones correspondientes para determinar si las atenderá o bien en el ejercicio de la rectoría del tema, cuál será la ruta que trazará para dicho fin”, informó la dependencia.

La institución recordó que su función es únicamente de asesoría y consultoría, por lo que corresponde al CIV —como entidad rectora del tema— decidir si acoge o no las recomendaciones y establecer la ruta final del proceso.

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