La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones que cerró definitivamente el proceso penal contra Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, implicado en el caso Transurbano.

El fallo favoreció a Sinibaldi con base en el principio de doble persecución penal, lo que fundamentó la decisión de archivar el expediente.

Los magistrados rechazaron la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación, que pedía mantener abierta la causa y revocar la libertad otorgada al exfuncionario en 2023.

La solicitud del Ministerio Público (MP) se sustentaba en presuntas irregularidades, en especial por la gravedad de las acusaciones, entre ellas lavado de dinero u otros activos.

En su análisis, la CC revisó los antecedentes del proceso judicial y concluyó que no se cumplían los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para conceder la protección provisional solicitada. Entre los factores que evaluaron se encuentran:

• • Posible afectación de derechos fundamentales si continuaba el proceso con la medida restrictiva impuesta.
• • Elementos procesales que, según los magistrados, invalidaban la aplicación de prisión preventiva en este caso específico.
• • Argumentos de la defensa sobre duplicidad de causas, que alegan que Sinibaldi fue perseguido en más de una instancia por los mismos hechos.

Como consecuencia, la CC declaró sin lugar la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación, en representación del Estado de Guatemala, y confirmó que la prisión preventiva dictada contra Sinibaldi debe dejarse sin efecto.

Contexto histórico del caso Transurbano

El proyecto Transurbano se inició en el 2008, con el objetivo de modernizar el sistema de transporte público en la Ciudad de Guatemala mediante el uso de un sistema prepago para buses urbanos.

A través de audiencias e investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, se detectaron múltiples irregularidades: sobreprecios en insumos, adquisición de maquinaria que nunca se utilizó, equipos almacenados y obsoletos, desvío de fondos públicos, así como contratos de seguridad sin justificación técnica.

Se estimó que el costo del proyecto fue de Q270 millones (unos 35 millones de dólares) y que buena parte de esos fondos se habría perdido o no se usó conforme a los términos del contrato.

Algunos exfuncionarios y empresas privadas vinculadas enfrentaron cargos penales, medidas cautelares y exigencias de reparación del daño, además de fuertes cuestionamientos públicos sobre la transparencia en el uso de los recursos.