El cambio personal siempre es desafiante, y el cambio colectivo, aún más, a causa de las multiplicidad de perspectivas, emociones y formas de pensar. Sin embargo, cuando llega el momento de la transformación para salvar la vida misma, literalmente, es misión de las autoridades contribuir a la readaptación de costumbres y a la aplicación de reglas en favor del bien común de actuales y futuras generaciones. El problema de los desechos sólidos es colosal en Guatemala y evadido por más de siete décadas, pero su impacto amenaza ya la provisión de agua y de los recursos naturales, y acarrea incluso riesgo de demandas económicas internacionales por la contaminación del océano.

Varias municipalidades se han hecho las desentendidas, sordas o ajenas al cumplimiento del acuerdo ministerial que estableció la clasificación de desechos en 2021. Pero los aplazamientos del Ejecutivo provienen de mucho antes. En 1997 se creó un consejo nacional para el manejo de desechos sólidos, integrado por varios ministerios y que involucraba también a los municipios, pero nunca llegó a funcionar debidamente. En 2015, durante el gobierno interino de Alejandro Maldonado, se emitió una Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, en cuyos créditos figuraban también múltiples carteras ministeriales y municipalidades que supuestamente participaron en su confección.

Sucesivos funcionarios ediles creen ilusamente que no están obligados a cumplir por haber sido aprobada tal política en administraciones anteriores, sin caer en la cuenta de que lo importante son las instituciones y no los individuos. La demagogia, los clientelismos y hasta las negligencias atentan contra este principio, pero el problema de la basura toca a las puertas de los hogares, por lo que resulta inaplazable enfrentarlo.

La clasificación en orgánica e inorgánica —reciclable o no— es solo un primer paso, pero ya desató la protesta de recolectores de desechos, quienes por décadas se han encargado del aprovechamiento de materiales. Dijeron efectuar una protesta “pacífica”, pero desde el momento en que bloquearon la libre locomoción dejó de serlo, peor aún si con esta coerción dañosa buscan dejar sin efecto el acuerdo ministerial de desechos sólidos, porque su conveniencia grupal actual va en detrimento de la sociedad en su conjunto.

Los recolectores de basura también aducen no estar suficientemente informados y no estar preparados para el nuevo modelo. Puede haber diálogo, procesos de adaptación de tareas y colaboración en las nuevas tareas de reciclaje, pero no se debe revertir una medida que el actual Ministerio de Ambiente está intentando llevar a cabo con justa razón para cumplir su misión. A través de apelaciones a la lástima y a la costumbre surgen, entre los descontentos, quienes afirman realizar la labor que los vecinos no quieren hacer. Pero, si en efecto funcionara tal práctica, los vertederos no estarían al borde del colapso como se encuentran hoy.

¿A quién le conviene sabotear el procesamiento correcto de residuos sólidos? No es la primera vez que se intenta sanear esta práctica. En septiembre de 1991 —¡hace 34 años!— la Cooperación japonesa efectuó un estudio sobre el manejo de desechos sólidos en la ciudad de Guatemala, que proponía desde entonces alternativas sostenibles. Si se hubiera iniciado desde entonces la transformación de la cultura y la responsabilidad comunitaria por la basura, el monstruo no tendría las dimensiones peligrosas que ahora posee. No tenemos otro país ni otro planeta para acumular más basura. Si cada familia genera su cuota de desechos, debemos —como mínimo— enfrentar la misión de aminorar su impacto.