El ensañamiento de quienes integran las estructuras de corrupción en Guatemala en contra del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín parece no tener límites. Sin importar la violación sistemática de sus derechos y del debido proceso, continúan utilizando al sistema de “justicia” como herramienta de persecución, castigo y venganza.

El último capítulo de esta cadena de arbitrariedades fue la resolución que la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió el pasado jueves 27 de marzo denegando el amparo con el que su defensa buscaba que se le otorgara de nuevo la prisión domiciliaria.

En lugar de entrar a conocer el fondo del asunto (la libertad de Jose Rubén) los magistrados Carlos Ramiro Contreras, Estuardo Adolfo Cárdenas, Igmaín Galicia Pimentel y Clemen Vanesa Juárez se fueron por un mero formalismo: “Los abogados litigantes no presentaron un recurso de reposición oportunamente, para que resuelto este recurso se acudiera al amparo como corresponde”, se lee en un comunicado que difundieron para justificar su decisión. Lo peor de todo es que sí se presentó el 4 de marzo.

Contraviniendo la jurisprudencia internacional -e incluso la de la propia Corte de Constitucionalidad- que establece que la libertad es un valor supremo y que se debe ponderar por encima de otras consideraciones, la Cámara extendió la detención arbitraria de Zamora quien pasó 813 días en prisión y desde el 11 de marzo debió volver a ella por una decisión de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Recordemos que esa Sala anuló lo actuado por el juez Erick García y le obligó a revertir el fallo con el que le otorgó al periodista (en octubre 2024) el arresto domiciliario.

Recordemos también que en la audiencia para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala, el juzgador defendió su resolución: los requisitos para otorgarla se cumplían en el caso de Jose Rubén y se había extendido más allá de lo razonable su encarcelamiento. Además, García denunció que él y personal de su judicatura recibieron amenazas por su actuación en este caso. A la luz de esa denuncia, cabe entonces preguntarse si la reciente resolución de la Cámara de Amparo obedece a presiones, amenazas o complicidad.

Aunque las intimidaciones contra el juez Erick García son graves y atentan contra la independencia judicial, la CSJ no se ha pronunciado. Estas amenazas no pueden verse de manera aislada, se suman a la criminalización que sufrieron sus abogados defensores y sus testigos y a las decisiones judiciales que dejaron a Zamora en estado de indefensión, como la negativa de aceptar sus pruebas de descargo. Queda claro que la escalada de persecución va en aumento y ahora se enfila en contra de jueces/juezas que emiten resoluciones —apegadas a la ley— que le benefician.

De nuevo: la prisión preventiva de Jose Rubén no tiene sustento legal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, así lo confirman. Lo grave es que la decisión del juez Jimi Bremer (considerado como actor antidemocrático y corrupto por más de 40 países) sea refrendada por órganos superiores que, por acción u omisión, mantienen a Zamora en la cárcel purgando una pena anticipada por un caso fabricado por el MP.

Imagínense ustedes que este segundo proceso que enfrenta el expresidente de elPeriódico —por el que lo regresaron a prisión— lleva 22 meses de retraso y no ha avanzado desde la primera declaración.

El equipo legal del periodista interpuso nuevamente recursos legales ante la Cámara de Amparo y la Corte de Constitucionalidad. Hay suficientes razones para otorgarle prisión domiciliaria y que pueda defenderse en libertad. Hacer periodismo no es un delito, justicia para Jose Rubén Zamora.