Si los 160 diputados al Congreso estuviesen trabajando con el salario legítimo, es decir, el que tenían antes del avorazado aumento que detentan, aun así le estarían quedando a deber al Pueblo de Guatemala, debido a su racha de desidia, desfachatez y masiva inasistencia a sesiones plenarias desde el final del primer período. Basta ver la absurda mayoría de escaños vacíos en las recientes convocatorias de plenarias. Pero la afrenta es mucho peor si se analiza teniendo en cuenta el incremento ilegal: ello duplica el dolo y la deuda inmoral, porque siguen cobrando sin hacer nada, excepto armar sainetes de fiscalización.

La X Legislatura pierde el tiempo y se lo hacen perder al país; representa un costo dinerario, pero, más aún, un costo de oportunidad. El más elocuente reflejo de esta incompetencia es la falta de nombramiento de titular y suplente para el directorio de la Superintendencia de Competencia, cuyo plazo feneció el 24 de junio último. Pero, debido a que no sesionaron, solo cobraron, sigue corriendo el tiempo muerto. Está pendiente, además, la discusión de enmiendas y aclaración de algunos aspectos de la Ley de Competencia, aprobada en noviembre del año pasado con algunos limbos y contradicciones —antinomias, dicen los legistas—.

Esta norma es crucial para la llegada de nuevas inversiones al país: algo que todos los presidenciables y dirigentes políticos ofrecen en cada campaña, pero de lo cual se hacen los desentendidos como propietarios o jefes de partidos y bancadas. Nadie puede estar en desacuerdo con el fortalecimiento de la competitividad: de hecho, esta norma estuvo relegada por seis años y Guatemala era uno de los pocos países que no contaban con una entidad para potenciar este aspecto.

Otra de las correcciones es el criterio formal para el nombramiento de superintendente: si es por edad, en orden alfabético o por sorteo entre determinados integrantes, para evitar tretas colegiadas. Si no está aclarado en la ley, tendría que definirlo el propio directorio, pero no está integrado a causa del incumplido nombramiento del Legislativo. Y eso es solo el primer paso. La nueva entidad debe crear reglamentos y procedimientos, para cumplir con la misión encomendada, la cual va de la mano de exigencias internacionales. En materia de productividad y competencia, son inviables los viejos ardides de alegar soberanía, a menos que se pretenda crear una autarquía medieval.

Si para una plena funcionalidad de este ente se requiere de un plazo de un año, ya vamos tarde. La pregunta es si este rezago forma parte de una agenda de sabotaje o de simple incompetencia, valga la paradoja. El reto de la nueva superintendencia es generar dinámicas competitivas de innovación y eficiencia, para fomentar la innovación y potenciar la economía. A la larga, el beneficio debe ir para los consumidores, pero también para las propias empresas, que tendrán la oportunidad de reclamar mejores prácticas y exhibir cumplimiento como parte de su prestigio nacional e internacional.

También se debe mencionar que persisten lastres estatales para la eficiencia competitiva, como tardanza en trámites; requisitos, certificaciones o autorizaciones en papel; limitaciones de firma electrónica o simples incomparecencias que frenan el desarrollo institucional, tal el caso de esta legislatura caótica y desidiosa. Resulta irónico, además, que, al momento de aprobarse esta norma en noviembre último, fue calificada de “histórica”, pero nadie imaginó que el apelativo reflejaría más el tiempo de demora para ser puesta en aplicación.