El Congreso de la República celebró una sesión plenaria el pasado viernes 22 de noviembre, cuyo objetivo era aprobar el Presupuesto General del Estado para el segundo año de gobierno de Bernardo Arévalo.

Aunque ya existían acuerdos para otorgar al Ejecutivo un techo presupuestario de Q148 mil 526 millones, la aprobación se detuvo debido a un intento de los diputados oficialistas por restituir al partido político Movimiento Semilla.

Los legisladores Samuel Pérez y Andrea Villagrán presentaron una moción privilegiada para modificar la agenda de la sesión e incluir una iniciativa que permitiría poner fin a la suspensión provisional de dicha agrupación política y, con ello, devolverles su estatus como bancada.

Se trata de la Iniciativa contra la Delincuencia Organizada, la cual propone que únicamente el Tribunal Supremo Electoral tenga la facultad de decidir si se suspende alguna agrupación política, eliminando la posibilidad de que dicha acción sea ordenada por un juez, como ocurre actualmente en el caso del partido Semilla.

Sin embargo, la propuesta no obtuvo el respaldo necesario, y la Junta Directiva optó por romper el quórum, lo que dejó en suspenso la votación en curso, una acción que fue celebrada por el oficialismo.

Todo esto derivó en un altercado entre la diputada oficialista Andrea Villagrán y la diputada del bloque VIVA, Evelyn Morataya.

Morataya se desmarcó al momento de la votación y, por esta razón, fue confrontada por varios diputados oficialistas, entre ellos Villagrán.

Visiblemente molesta, Morataya acusó a los oficialistas de amenazarla con acciones legales si no votaba a favor de la iniciativa. Asimismo, criticó sus acciones, recordándoles que han recibido apoyo, incluso con la aprobación del presupuesto más millonario de la historia, según expresó.

Agregó que los acuerdos alcanzados consistían en aprobar el Presupuesto 2025, y que en ningún momento se mencionó la aprobación de la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Posteriormente, los diputados Samuel Pérez y Andrea Villagrán fueron consultados sobre las acusaciones de Evelyn Morataya. Ambos aseguraron que no habían emitido amenazas, sino que señalaron a Ángel Pineda, del Ministerio Público, de haber llamado a los diputados para impedir la aprobación de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, se negaron a especificar qué legisladores habrían recibido este tipo de presiones.

Otro de los diputados presentes durante el incidente fue Héctor Aldana, integrante del bloque VAMOS, quien aseguró haber presenciado cómo los oficialistas ofrecían más proyectos extraordinarios, además de recurrir a insultos y amenazas, con el propósito de asegurar votos a favor.

Aldana añadió que este comportamiento ha generado una gran molestia en el Congreso y advirtió que, muy probablemente, la aprobación del Presupuesto está ahora en riesgo.

Debido a todos estos desacuerdos, el Congreso dejó en suspenso no solo la Ley contra la Delincuencia Organizada, sino también la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2025, uno de los puntos principales en la agenda.

Esta situación reduce el tiempo disponible para alcanzar un consenso, ya que la fecha límite para la aprobación del presupuesto es el próximo 30 de noviembre.

Redacción: Bryan Choy