El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 6 de octubre que planea invocar la Ley de Insurrección para desplegar a las Fuerzas Armadas en ciudades gobernadas por demócratas, principalmente Chicago y Portland, con el objetivo de que los agentes realicen tareas de protección de la seguridad en las calles.

Ante esta situación, el mandatario republicano y sus principales asesores han empezado a utilizar con más frecuencia la palabra “insurrección” para describir las protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Illinois y Oregón, estados a los que Donald Trump planea enviar tropas militares.

“Realmente creo que esto es una insurrección verdaderamente criminal”, agregó Trump en la Casa Blanca, en referencia a las protestas contra la agencia del Departamento de Seguridad Nacional, antes de prometer que haría de las ciudades un lugar seguro, ante lo que calificó como un levantamiento, sublevación y rebelión de los demócratas.

“Hay un esfuerzo por deslegitimar la función central del Gobierno federal de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y nuestra soberanía”, añadió el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien mencionó que, por el momento, la orden de un juez prohíbe el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago y Portland.

¿Qué es la Ley de Insurrección?

El presidente Donald Trump sugirió que podría invocar la Ley de Insurrección para enviar tropas estadounidenses a las ciudades de Portland y Chicago, ya que calificó a los manifestantes como “antifascistas de extrema izquierda”, por lo que podría llegar a catalogarlos como terroristas nacionales de Antifa, un movimiento político antirracista.

“Tenemos una Ley de Insurrección por algo. Si tuviera que promulgarla, lo haría. Si hubiera muertos, y los tribunales nos estuvieran reteniendo, o gobernadores o alcaldes nos estuvieran deteniendo, claro que lo haría”, explicó Trump, ya que esta norma permite el despliegue de tropas en los Estados Unidos en ciertas situaciones específicas.

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La Ley de Insurrección, aprobada en 1792 y modificada por última vez en 1871, le otorga al presidente de los Estados Unidos la facultad de desplegar al Ejército estadounidense para “reprimir episodios de desorden civil”, por lo que actualmente se considera uno de los poderes de emergencia más contundentes en toda la nación.

Esta ley no se invoca desde 1992, hace 33 años, cuando el entonces presidente estadounidense George Bush recibió una solicitud del gobernador de California para ayudar a abordar los disturbios en Los Ángeles. Sin embargo, según la cadena de televisión CNN, “parece poco probable” que las autoridades actuales soliciten ese tipo de apoyo.

¿Se ha invocado la Ley de Insurrección sin la solicitud de un gobernador?

El escenario del presidente estadounidense Donald Trump es similar al que vivieron en su momento los exmandatarios Dwight Eisenhower y John F. Kennedy, quienes invocaron la Ley de Insurrección en contra de los deseos de los gobernadores, tal como sucede actualmente en la relación del mandatario con las dos autoridades locales.

En 1957, el presidente Eisenhower le pidió al Ejército que escoltara de manera segura a nueve estudiantes afroamericanos a la escuela secundaria Little Rock Central, luego de que el gobernador de Arkansas, utilizando a la Guardia Nacional con el pretexto de mantener la paz, intentara impedir que los alumnos ingresaran al centro educativo.

Posteriormente, el presidente John F. Kennedy invocó la Ley de Insurrección en 1963 para enviar las tropas federales a Misisipi con el fin de hacer cumplir las leyes de derechos civiles, luego de que estallaran disturbios mortales entre la policía y los residentes, en respuesta a las protestas provocadas por el asesinato de un manifestante.