Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) fijaron su postura el 1 de diciembre respecto de la iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, identificada con el número 6593, la cual calificaron de “vital importancia”.

El proyecto, presentado el 21 de julio, establece herramientas legales para prevenir estos delitos mediante un enfoque basado en riesgos. Además, otorga un blindaje al sistema financiero y económico del país, al reforzar su integridad, solidez y confianza, y protegerlo de la infiltración de capitales ilícitos procedentes del crimen organizado.

Asimismo, permite al país contribuir a escala global en la prevención y represión de estos delitos, conforme a estándares y mejores prácticas internacionales.

JM advierte riesgo de ingresar a lista gris del GAFI

Según el comunicado de la Junta Monetaria (JM), la falta de aprobación de la iniciativa de ley provocaría graves consecuencias para el país, principalmente el riesgo de ser incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Este es un riesgo latente en el marco de la quinta ronda de Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizará a Guatemala a partir de enero del 2027”, advierte el documento.

Se expone que, de ser incluido en dicha lista, el país sería categorizado como una nación con deficiencias estratégicas en su sistema para prevenir el lavado de dinero(LD), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).

“Por tanto, Guatemala enfrentaría serias consecuencias negativas, entre estas: grave daño a su reputación; incremento de los costos con los bancos corresponsales internacionales; limitación o negación del acceso a mercados y flujos de capital extranjero. Dado que las remesas constituyen la principal fuente de divisas del país y un sustento significativo para miles de familias, estas se verían afectadas por el aumento de comisiones y las dificultades operativas para su transferencia”, continúa el comunicado.

También se advierte del “alto riesgo de no alcanzar el grado de inversión, lo que, en el caso de Guatemala, sería de suma preocupación para la Junta Monetaria, debido a las complicaciones que podrían surgir a nivel nacional y, en particular, por los efectos que tendría para el Banco de Guatemala en el cumplimiento de su objetivo fundamental: mantener la estabilidad del nivel general de precios. Esto podría, además, poner en riesgo la estabilidad financiera del país”.

País perdería credibilidad ante el GAFI

El comunicado oficial de los directores del Banco de Guatemala (Banguat) reitera que, además de las consecuencias reputacionales y sociales de ser considerado un país con deficiencias estratégicas, podrían generarse otros efectos negativos:

• Pérdida de credibilidad y deterioro severo de la imagen de Guatemala como destino de inversión, lo cual provocaría desconfianza en el sistema de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, y desincentivaría la inversión extranjera directa.
• Aumento de la vulnerabilidad del país al ser percibido como un centro de actividades ilícitas, lo que obligaría al Estado a destinar más recursos para combatir la criminalidad vinculada con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos precedentes.

“La aprobación de la iniciativa de ley 6593 generará beneficios directos para el país, incrementará la confianza internacional, reafirmará su compromiso con la transparencia y la lucha contra el crimen organizado, y fortalecerá la relación con bancos internacionales y socios comerciales”, insiste la Junta Monetaria (JM).

Ley contra lavado debe ser prioridad de Estado

La JM concluye que, la aprobación de la Ley Integral Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo debe considerarse de interés de Estado; de tal manera que, tomando en cuenta el cronograma que implementará Gafilat en la evaluación a que estará sometido el país, en la que se deberá atender compromisos relativos a que, durante el próximo año, se deben emitir diversos instrumentos reglamentarios para viabilizar el correcto, adecuado y oportuno cumplimiento de la ley en referencia, se hace imprescindible que la misma debiera ser aprobada en el transcurso de enero de 2026.

“Con el debido respeto y consideración, la Junta Monetaria solicita al Honorable Congreso de la República que la iniciativa de Ley 6593, por su trascendental importancia, se convierta en Ley de la República, con carácter urgente, ya que el futuro financiero de Guatemala depende de dicha aprobación”, indica el comunicado.