Arévalo analiza el Decreto 7-2025 por posibles inconstitucionalidades y deberá decidir antes del 6 de octubre si lo veta o sanciona. La ley ha sido cuestionada por sectores académicos, empresariales y por el ministro de Finanzas.

El Gobierno mantiene bajo análisis jurídico el Decreto 7-2025, conocido como Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, antes de definir si será sancionado o vetado.

El estudio se centra en posibles vicios de inconstitucionalidad, según indicó el presidente Bernardo Arévalo.

Hasta que concluya la revisión, el Ejecutivo no emitirá una postura oficial sobre la normativa.

El presidente tiene plazo hasta el 6 de octubre para pronunciarse sobre el Decreto 7-2025, conforme a los 15 días que establece la Constitución tras recibir una normativa aprobada por el Congreso, que contó con 107 votos a favor bajo el mecanismo de urgencia nacional.

La ley ha recibido críticas de sectores académicos, económicos y empresariales, incluido el Cacif, que señala posibles riesgos de concentración de recursos en años electorales. El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, recomendó al Ejecutivo su veto.

El futuro del decreto dependerá de la decisión del Gobierno, que deberá comunicar en los próximos días si lo rechaza o permite su entrada en vigor mediante su publicación en el Diario Oficial.

Por Andrea Palacios