El Congreso es la representación de la ciudadanía y no una autorrepresentación. Cada diputado está allí debido a los ofrecimientos que hizo en campaña y al disfuncional sistema de listas impuestas a los votantes por los partidos; así, pues, estos son corresponsables del desempeño de sus congresistas. Al escribirse este editorial se encuentra en marcha una plenaria en la cual se tendría previsto discutir el abusivo, polémico y lesivo autoaumento de sueldo a más de Q46 mil por diputado: un disparate que se viene arrastrando desde la madrugada del 27 de noviembre, cuando se planteó una enmienda que fue aprobada por 87 votos. No solo se duplicaban el sueldo, sino también se autorrecetaban una indemnización improcedente al dejar la curul.

Entre esos 87 votos figuraban los de algunos diputados que con pose lastimera y en tono de falsete proclamaban la aprobación de un estipendio anual para las comadronas guatemaltecas, justo y merecido, pero que pretendían utilizar para lavarse la cara y las manos. La iniciativa de dignificación de las comadronas fue aprobada, pero ninguna disposición favorable a la ciudadanía puede ni debe ser cobrada, mucho menos con creces, y eso es lo que representa en autoaumento.

Lo de las indemnizaciones fue defenestrado por un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que en su momento dejó el autoaumento intacto; al menos eso dejaba entrever la resolución. Luego aclaró su ambigüedad y señaló que el incremento debía ser discutido en el pleno. Aún persiste la duda de si el 4 de febrero la junta directiva del Congreso, arrogándose potestades, avaló el aumento. En la plenaria de ayer figuraba ese afrentoso asunto y varios partidos y bancadas expresaban de antemano su oposición. Ante los antecedentes, el temor a otro madrugón oneroso y oportunista se justifica.

Se han emitido exhortativas e interpuesto acciones en contra del autoaumento. La Alianza por el Congreso Eficiente desarmó el falaz argumento de los ponentes del abuso, quienes aseguraban que un diputado debía ganar no menos que un magistrado. En realidad, muchos diputados distan de tener las características profesionales y de experiencia requeridas para una magistratura: no pocos llegaron al Hemiciclo gracias a su colocación en lista de elección, a pesar de integrar partidos cascarón, conexos con exconvictos o simples inercias. En todo caso, recetarse un beneficio que costará casi Q100 millones a la ciudadanía es un precedente nefando e indigno: una burla total a los tributantes, sobre todo ante las ingentes necesidades que muchos de esos mismos diputados enarbolan en demagogos discursos.

Si los 87 aprovechados del 27 de noviembre u otros irresponsables osaran aprobar de nuevo el autoaumento, debe quedar claro que se trataría de un abuso artero perpetrado tanto a título personal como en representación de los partidos que los postularon y de los secretarios generales de esas organizaciones, incluyendo aspirantes a futuras candidaturas. Y no basta que estos partidos renieguen de ellos como Judas para librarse de una mancha indeleble; eso, en todo caso, debieron hacerlo antes, pronunciándose en rechazo e instruyendo a sus diputados a desechar el aumento, como ya lo hicieron algunas agrupaciones.

También se anuncian nuevas acciones legales en la CC, en contra del procedimiento seguido en el caso de la enmienda sinvergüenza aprobada el 27 de noviembre que dio origen a este barullo codicioso. Si a un legislador no le convence el sueldo y prebendas que recibe, que dimita. Y si terminan anulando la gravosa sandez, que tampoco esperen aplausos.