Mientras algunos sectores consideran que se ha avanzado hacia una mayor legalidad y control, otros advierten sobre el deterioro del orden vial en las principales rutas nacionales. La implementación de esas reformas ha originado el reacomodo en las competencias entre autoridades locales y nacionales, una aparente relajación del cumplimiento de normas por parte de los conductores de vehículos y una creciente preocupación por la seguridad vial.

El Decreto 33-2024, aprobado con 134 votos en el Congreso de la República y promovido por los diputados Cristian Álvarez (CREO) y Marleni Matías Santiago (UNE), reformó seis artículos de la Ley de Tránsito. Entre ellos, el artículo 31, el cual ha generado mayor controversia al establecer que las autoridades municipales de tránsito ya no pueden imponer multas ni llevar a cabo operativos en rutas nacionales y centroamericanas, salvo que exista un convenio formal con la Policía Nacional Civil (PNC).

La intención, según el diputado Álvarez, fue evitar abusos cometidos por algunas Policías Municipales de Tránsito (PMT), que imponían sanciones de forma discrecional, muchas veces utilizando métodos que rayaban en la ilegalidad, como colocar agentes camuflados para detectar infracciones.
El decreto pretende centralizar la fiscalización en la PNC y obligar a las municipalidades a rendir cuentas a través de convenios debidamente formalizados.

Frenos operativos

En el caso de la Ciudad de Guatemala, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) opera amparada en un convenio vigente con el Ministerio de Gobernación desde 1998. Este acuerdo le permite mantener operativos de tránsito en tramos clave como la Carretera al Atlántico, la Carretera a El Salvador, así como en las calzadas San Juan y Roosevelt.

No obstante, según Amílcar Montejo, portavoz de Emetra, las recientes reformas a la Ley de Tránsito han limitado su capacidad operativa, especialmente en tareas relacionadas con la fiscalización y el cumplimiento de la ley por parte de los conductores.

Montejo explicó que los agentes ya no pueden revisar licencias de conducir, tarjetas de circulación ni calcomanías si los conductores se rehúsan a presentarlas, una situación que muchos aprovechan para evadir controles. Esta limitación ha generado una disminución en el cumplimiento de la normativa, sobre todo entre los pilotos del transporte pesado.

“Tuvimos que retirar de las vías a 17 camiones en abril por incumplimientos reiterados, luego de varias advertencias. Además, detectamos adolescentes conduciendo transporte de carga sin tener la edad mínima ni los permisos requeridos”, detalló Montejo.

Sin convenio

La situación en Villa Nueva es un claro ejemplo de los efectos adversos de la reforma, según reportan tanto la ciudadanía como las autoridades de tránsito. Al no contar con un convenio formal con la Policía Nacional Civil (PNC), la Policía Municipal de Tránsito (PMT) local quedó inhabilitada para imponer sanciones en tramos clave como la ruta al Pacífico y parte de la calzada Aguilar Batres.

Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva, describe un escenario crítico: “Los conductores de transporte pesado ya no respetan los horarios de restricción ni las normas básicas, como circular por el carril derecho. Incluso hemos recibido reportes de pilotos conduciendo en estado de ebriedad o a exceso de velocidad sin temor a ser multados”.

La desinstalación de las cámaras de velocidad ha agravado la situación. La institución ha recibido decenas de denuncias ciudadanas a través de redes sociales, relacionadas con la obstrucción de entradas, maniobras peligrosas y un desorden generalizado. Sin embargo, al no contar con facultad legal para sancionar, la PMT solo puede brindar asistencia en el lugar, persuadir a los conductores y levantar reportes.

Mejor prevenir

En Mixco, las autoridades de tránsito han optado por un enfoque preventivo. Aunque no imponen multas en rutas nacionales, han reforzado su presencia mediante una supervisión constante y operativos de control en colaboración con la Policía Nacional Civil (PNC).

Según explican, su objetivo principal es prevenir accidentes, reducir la delincuencia vial y promover una cultura de respeto en las vías. Reconocen que la entrada en vigor de la nueva Ley de Tránsito ha relajado la observancia de las normas entre los conductores, pero insisten en continuar cumpliendo con la normativa vigente.

Más educación vial desde la juventud

Las tres entidades de tránsito consultadas, Ciudad de Guatemala, Villa Nueva y Mixco, coinciden en que este año han intensificado sus esfuerzos en fortalecer la educación vial desde edades tempranas, como medida a mediano y largo plazo para mejorar el comportamiento ciudadano en las vías.

Se intentó obtener la postura de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula respecto a la aplicación del Decreto 33-2024, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta a las consultas realizadas por este medio.

Lo que dice Tránsito

Para suplir la falta de operatividad de algunas Policías Municipales de Tránsito (PMT), el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) ha intensificado su presencia en rutas nacionales y centroamericanas. Actualmente, realiza entre 12 y 14 operativos diarios en las principales entradas y salidas de la capital.

Hasta la fecha, la PNC cuenta con convenios formales con 14 municipalidades, entre ellas San Lucas Sacatepéquez (Sacatepéquez), Morales (Izabal), Cobán (Alta Verapaz), Escuintla (Escuintla) y Salcajá (Quetzaltenango). Además, han formalizado nuevos acuerdos con Fray Bartolomé de Las Casas (Alta Verapaz), Zacapa y San José Pinula.

La institución también ejecuta 32 operativos de control diarios desde sus delegaciones en Alta Verapaz, Izabal, Petén, El Progreso, Chimaltenango, Escuintla, Totonicapán y Guatemala. En estos puntos se llevan a cabo procesos de identificación de personas, verificación de documentos y notificación de multas por falta de papelería o equipo de seguridad vehicular.

“Hemos incrementado nuestra fuerza policial; el mes pasado se incorporaron 70 nuevos agentes y se han reforzado los puntos de control. Además, se proyecta abrir tres nuevas sedes departamentales para ampliar la cobertura”, explicaron voceros de la institución.

Estadísticas mixtas: mejora parcial y concentración de riesgos

Las estadísticas parciales de 2025 muestran una disminución absoluta en los hechos viales reportados, lo cual es alentador. Sin embargo, expertos advierten que la comparación entre un año completo (2024) y apenas cuatro meses de 2025 es prematura, especialmente al no considerar diciembre, históricamente uno de los meses con más siniestros.

En términos relativos, las rutas CA-09 Norte y CA-09 Sur muestran un incremento en su participación porcentual dentro de la siniestralidad total. La CA-09 Norte pasó del 14% al 16%, mientras que la CA-09 Sur subió del 13% al 17%, lo que sugiere una mayor concentración de riesgos en estas vías altamente transitadas por transporte pesado.

El nuevo orden está a medias

El Decreto 33-2024 nació con la intención de ordenar el sistema de tránsito en Guatemala, estandarizar las funciones de las autoridades viales y evitar arbitrariedades. Sin embargo, su aplicación ha generado resultados mixtos: mientras algunos municipios han logrado adaptarse mediante convenios formales, otros enfrentan una paralización operativa que dificulta el control vial efectivo.

La reforma también ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer la educación vial, incrementar la inversión en tecnología para el control vehicular y mejorar la coordinación interinstitucional entre las distintas entidades responsables del tránsito.