El Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, ha cerrado el 30% de las denuncias penales planteadas por el Gobierno de Bernardo Arévalo desde el inicio de su gestión, según datos públicos de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), del Organismo Ejecutivo.

Los casos corresponden a señalamientos contra funcionarios del gobierno anterior y presuntas irregularidades detectadas por las nuevas autoridades tras su llegada al poder. En al menos uno de cada tres expedientes, el MP resolvió archivar, desestimar o dar por concluida la denuncia, según registros oficiales revisados por este medio.

El patrón coincide con la tendencia de que el ente investigador ha seguido en los últimos años bajo el liderazgo de Porras. Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la baja efectividad del MP en la tramitación de denuncias, en especial las relacionadas con corrupción.

La actuación del MP se produce en un contexto de tensión, marcado por la ofensiva que la Fiscalía emprendió en julio de 2023 contra el suspendido Movimiento Semilla y el propio Arévalo, entonces presidente electo. Aquella investigación, calificada como intento de golpe de Estado, desató una oleada de condenas a nivel nacional e internacional y motivó sanciones por parte de más de 40 países contra Porras y su equipo cercano.

ASCIENDEN DESESTIMACIONES

Según el tablero oficial de la CNC, que preside el comisionado Julio Flores, las instituciones del Ejecutivo han presentado un total de 283 denuncias y querellas penales por presuntos actos de corrupción detectados desde el inicio del actual Gobierno.

En el portal, que la propia Comisión ha bautizado como “Los expedientes de la corrupción”, se reúne la información sistematizada por sector y tipo de señalamiento.

De ese total, 159 denuncias continúan en fase de investigación. Sin embargo, el MP de Porras ha resuelto desestimar 55, archivar 17 y dar por finalizadas otras 13. Un total de 85 cierres a los expedientes.

Son tres las vías utilizadas por el ente investigador para cerrar casos que apuntaban a posibles delitos cometidos por exfuncionarios del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei —también sancionado por Estados Unidos—, por señalamientos de corrupción.

El tablero clasifica las denuncias por áreas temáticas. Las más numerosas se concentran en el ámbito administrativo, con 76 casos; le siguen los sectores de salud, con 58; infraestructura, con 45; seguridad, con 37; y trabajo, con 15. Estas cinco categorías agrupan la mayoría de los señalamientos presentados ante la fiscalía.

En una conferencia de prensa celebrada el 4 de julio, Flores recordó que “la investigación le compete al Ministerio Público”. A su juicio, los datos revelan un ritmo sostenido en la identificación de posibles irregularidades: un promedio de 15 casos al mes y una nueva denuncia cada dos días, presentadas por los órganos de control interno del Ejecutivo impulsados por la Comisión.

“La desestimación y archivo constituye impunidad”, afirmó el comisionado.

MP SIN RESPUESTA

La Hora buscó una respuesta con la oficina de Información y Prensa del MP para conocer cuál es el motivo de las 85 desestimaciones, pero al cierre de la edición de esta nota no se obtuvo una respuesta.

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