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¿La privatización de Haití?
Haití acaba de ceder su seguridad, comercio y política fiscal a una empresa internacional de mercenarios.
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En abril del año pasado, escribí una columna en el medio eP investiga titulada “A nadie le importa Haití”. En la misma acusaba que una dosis de racismo, negocios y dificultad era la razón por la que nadie le ponía atención al pequeño país caribeño que, al día de hoy, mantiene un liderazgo en los rankings de pobreza, subdesarrollo y violencia. En la columna señalaba a organismos multilaterales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como a las grandes potencias cooperantes de Norteamérica y Europa, como los principales responsables, aunque no los únicos, de esa indiferencia. Esto se puede medir cuando Haití es el mejor ejemplo más cercano que tenemos de cómo la cooperación internacional resulta una cura muchísimo peor que la enfermedad. Desde el terrible terremoto del 2010, Haití ha sido llamada como una república de organizaciones no gubernamentales (ONG) que en vez de fortalecer al Estado y sus instituciones contribuyeron a la crisis que persiste en dicho país.
Los mercenarios, de una u otra forma, nunca dejaron de existir.
Ahora resulta que me he equivocado y alguien finalmente puso su interés en Haití, pero no se trata de la ONU, la OEA, alguna potencia occidental u alguna ONG cooperante. Al contrario, se trata de Erik Prince, el empresario fundador de la transnacional de seguridad privada Blackrock. Esta empresa fue notoria por sus servicios privados de seguridad para agencias de gobierno, cooperantes, contratistas y empresas que tuvieron una participación durante las guerras tanto en Afganistán e Irak. Para ser más claros, los servicios de Blackwater durante dichos conflictos fueron de proveer mercenarios para defender instalaciones, personas, pero también para llevar a cabo misiones que, por cuestiones de derecho internacional, necesitaban una participación que librara de responsabilidades a los ejércitos que participaron en dichas guerras, principalmente el de Estados Unidos.
La nueva empresa de Prince, Vectus Global, acaba de firmar un contrato de 10 años con el consejo de transición que representa al gobierno de Haití. A inicios de este año, Prince también firmó un contrato con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para asistir al ejército y policía del país sudamericano en su combate contra las organizaciones de crimen organizado que han sembrado el caos en los últimos años, pero también para proteger su espacio marítimo tanto de grupos de narcotráfico, así como proteger embarcaciones pesqueras.
Los mercenarios de una u otra forma nunca dejaron de existir, pero su papel dejó de ser relevante con el surgimiento y fortalecimiento de los ejércitos modernos en el siglo XVIII. En años recientes, uno de los grupos más notorios —lamentablemente para mí— es mi homónimo Grupo Wagner de Rusia, que cuenta con contratos en varios países de África y también tuvo una participación en la invasión de Rusia a Ucrania y fueron señalados por organizaciones de derechos humanos, así como por gobiernos cooperantes en África de promover sentimientos antieuropeos y colonialistas.
El caso de Haití presenta un factor diferente que llama poderosamente la atención, y es que aparte de seguridad, Vectus Global también se encargará de reconstruir el sistema fiscal del país, en particular los aranceles de productos comercializados con la vecina República Dominicana. Los detalles del contrato no son claros, pero todo indica que buena parte del pago a la empresa transnacional será por los tributos obtenidos del comercio internacional, lo que pone a Vectus Global como ente rector de la seguridad, comercio y política fiscal de Haití que, siendo prácticamente un Estado fallido, podría ceder mucho más a manos privadas.