La falta de acuerdos para la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) persiste a más de un mes de que vocal I asumió las funciones de la presidencia.

Aunque el retraso no afecta la operatividad del sistema judicial, podría restar legitimidad a futuros relevos de poderes en el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, advierten analistas.

El segundo presidente de la actual magistratura debió asumir el pasado 13 de octubre.

Mientas no se alcancen los consensos, el vocal I de la CSJ Carlos Rodimiro Lucero Paz ejerce la presidencia de forma interina, hasta que el pleno tome una decisión.

Quien resulte electo tendrá un rol clave en la renovación del fiscal general ya que por ley debe presidir la futura comisión de postulación para el Ministerio Público (MP).

Además, dirigirá las sesiones del pleno de la CSJ para la elección de un magistrado titular y un suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC).

En las plenarias convocadas para la elección no se ha presentado ningún candidato, un hecho atípico en la designación del presidente judicial. En años anteriores, cada sesión semanal se convertía en un ejercicio para medir fuerzas entre los aspirantes al cargo.

Aunque de forma extraoficial se mencionan potenciales aspirantes, como Claudia Paredes e Igmaín Galicia Pimentel, ninguno ha sido propuesto formalmente en las plenarias.

Para que un magistrado sea electo como presidente necesita al menos nueve votos de los 13 integrantes del pleno.

En las últimas semanas tampoco hubo quórum, ya que algunos magistrados solicitaron licencias por vacaciones. En la elección de la presidencia de la CSJ solo pueden participar magistrados titulares no suplentes.

Lucero: “Nadie quiere tomar riesgos”

La agenda administrativa no se ha detenido, dijo ayer Lucero, al ser consultado por la prensa al finalizar un evento público. “En el tema de la elección de presidente no se ha llegado a ningún consenso; como presidente en funciones, yo abro la sesión e invito a postularse como candidato a la presidencia pero nadie lo ha hecho y nadie ha dicho yo propongo a un candidato”, dijo.

Lucero considera que nadie “quiere tomar riesgos” en presentarse como candidato sin tener los votos necesarios. “Nadie ha mostrado interés, nadie se ha postulado”, manifestó.

También confirmó ausencias de magistrados y anticipó que será hasta la próxima semana cuando se integre nuevamente el pleno con todos sus titulares.

Sobre la posibilidad de que se llegue la fecha para que se instale la comisión de postulación para fiscal general y que la CSJ todavía no haya elegido a su presidente, Lucero manifestó: “esperaría no llegar a un extremo”.

En otros procesos, la comisión de postulación ha quedado instalada en enero, para contar con los cuatro meses que establece la Ley de Comisiones de Postulación para seleccionar a los seis candidatos a fiscal general. El relevo debe ocurrir el 16 de mayo del 2026, para cumplir con el plazo que establece la Constitución.

Preocupa el retraso que llegue la fecha para presidir

Para las organizaciones sociales que integran la Alianza por las Reformas, la falta de elección del presidente de la CSJ es un hecho que no debe pasar desapercibido.

Principalmente, por el papel que tendrá en la comisión postuladora, encargada de preseleccionar a los mejores candidatos para el puesto de fiscal general.

“Observamos con preocupación la atomización dentro de la CSJ, reflejada en la falta de consensos. Esto evidencia que hay grupos que responden a intereses políticos”, señaló Juan Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas.

Según Muñoz, el cargo podría estar siendo objeto de negociaciones políticas no transparentes, con posibles repercusiones en nombramientos y resoluciones judiciales.

“El asunto del MP nos preocupa porque, para alcanzar la presidencia, podrían darse acuerdos bajo la mesa que afecten el proceso de selección”, advirtió.

También teme que la no elección del presidente pueda usarse para provocar retrasos intencionales en procesos clave, como la renovación del fiscal general. “Cualquier anomalía o acción no prevista podría ser buscada para restar legitimidad al proceso”, indicó.

No afecta la operatividad

Para Edgar Ortiz, analista y experto en derecho constitucional, el retraso no compromete el funcionamiento del Organismo Judicial, ya que existe la figura del presidente en funciones.

“No hay riesgos puntuales. La comisión de postulación puede ser presidida tanto por el presidente electo como por quien esté en funciones como vocal I”, explicó.

Agregó que ya hay antecedentes en los que una presidencia interina encabezó el proceso. “Esto ocurrió en el 2022, cuando Silvia Valdés presidió la postuladora como presidenta interina. Eso demuestra que no contar con un titular no impide avanzar”, afirmó.

Otros pendientes

La falta de acuerdos también anticipa una estampa futura: antes de abril del 2026 y con un mínimo de nueve votos, la CSJ debe elegir a un magistrado titular y a uno suplente para la próxima Corte de Constitucionalidad (CC).

Los analistas consideran que esta elección también podría formar parte de las negociaciones que, hasta ahora, han bloqueado la designación del titular de la suprema corte.

Asimismo, será el pleno el encargado de analizar las múltiples denuncias contra el juez séptimo penal, Fredy Orellana, señalado de atentar contra el sistema democrático. Así consta en documentos presentados por autoridades del Ejecutivo ante el Organismo Judicial.

La Supervisión de Tribunales deberá evaluar los hechos y emitir una recomendación que será discutida por los magistrados, quienes decidirán el futuro del juez.