En el análisis de ALas845 se conversó sobre el tema, “Transformaciones tributarias en Guatemala: implicaciones y perspectivas”.

El invitado Edy Pérez, analista económico y especialista en temas tributarios, se refirió en primer lugar a la unificación del CUI con el NIT y la controversia que se ha desatado.

“Todo nace desde la Ley del Renap. La administración tributaria lo que está haciendo es utilizar el CUI para ya no construir un NIT, pues estos se hacen por algoritmos, para que sean independientes. Para evitar que se tengan dos números para efectos civiles y tributarios, indica que desde ahora en adelante quienes cumplan 18 años ya no tendrán dos números; para quienes tenemos los dos, desde ahora en adelante será indistinto usar cualquiera de los dos”, dijo.

Pérez señaló que los datos que la SAT maneja son muchos, y con la simplificación buscan identificar “rápidamente” lo que pasa en el sistema, pero la preocupación son los datos, como muchos guatemaltecos han mencionado.

“Como vivimos en una situación compleja, que alguien ingrese el CUI y que pueda obtener datos confidenciales, eso realmente es una preocupación que tienen las personas porque hay algunos datos que tienen que estar en privado y no abiertos”, explicó.

Pérez indicó que el tema más importante es la identificación que busca la SAT, y el decreto que le da la potestad a la Superintendencia, para que los contratos tengan esta identificación, lo cual le podrá ser más rápido en fiscalizar.

“Con esta norma se busca que el SAT cuando vea los contratos y las transacciones, las pueda atar a las personas que tenga en su registro. Es una simplificación para las transacciones. Pero fue el Congreso el que aprobó el artículo 120. Es importante remarcar que el número de identificación en los contratos fue por una modificación al Código Tributario que lo hizo el Congreso”, señaló.

El experto citó una inconstitucionalidad que existe presentada contra esta reforma. “Si lo declaran inconstitucional la unión de los dos números, regresamos a lo que había, pero eso no elimina la obligación que tiene el artículo 120 que es diferente. Impugnar la resolución de la SAT no modifica lo que establece el Código Tributario”, explicó.

Pérez indicó que hay mucha controversia en los temas civiles, pero la SAT busca conocer el tipo de contratos que se están realizando en el país. “Podría ser un tema que no hubiese estado a nivel en el Código Tributario. El tema es si algunas transacciones no deben estar forzados a este nivel”, señaló.

Sobre las sociedades anónimas y que se revelen a los accionistas, Pérez indicó que hay presiones para que el país pueda identificar al “beneficiario final” o quien tiene el control o propiedad de una sociedad, pero actualmente solo se identifican a los accionistas de segundo nivel.

Añadió que las transacciones financieras bancarias no están gravadas, y citó una iniciativa de ley que no prosperó.

“Las personas ante el temor de identificar a todas las transacciones, sienten el peligro de que puedan pagar impuestos. No hay ahora impuesto por las transacciones, y una mera transferencia bancaria familiar no debería estar gravada; pero también hay mucho comercio informal que a raíz de la pandemia, el guatemalteco sin trabajo empezó a crear negocios pequeños y si piden pagos con transferencias bancarias, y no pagan impuestos, pues a eso le apunta la SAT”, indicó.

Sobre el clima de conflictividad en que el tema podría “echar más leña al fuego”, el experto dijo que el país es una “economía típica”. “El guatemalteco depende de lo que trabaja. El país es una burbuja. No es el momento más adecuado para este cambio, y hay temas que son mucho más relevantes”, explicó.

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