La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) presentó este 23 de agosto que se le retire la inmunidad a tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dos titulares y un suplente.

La información del MP señala que quieren que se les retire el derecho de antejuicio a la presidenta del TSE, Irma Elizabeth Palencia Orellana y al magistrado Mynor Custodio Franco Flores, así como del magistrado suplente, Álvaro Ricardo Cordón Paredes.

El MP los señala de la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, y resoluciones violatorias a la Constitución Política de la República de Guatemala.

La solicitud de desaforar a estos magistrados del TSE es por declarar procedente la inscripción de Manuel Antonio Baldizón Méndez -que finalmente quedó fuera de la contienda electoral -.

Según el MP, los magistrados del TSE tenían pleno conocimiento que Baldizón no cumplía con los requisitos del artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala que define los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, así como los artículos 162 y 164 que establecen las prohibiciones y compatibilidades.

El 19 de febrero pasado, el TSE publicó un comunicado que decía: “Como es de conocimiento de la ciudadanía, la semana anterior se tomaron decisiones desde este Tribunal al declarar viable una polémica candidatura (bajo el principio pro-persona, pilar de los derechos humanos, mismos que son universales, y otras consideraciones que constan en la resolución aludida)”.

El comunicado agregaba: “Sin embargo, antes que la decisión fuera materializada y tuviera efectos jurídicos fue revocada en virtud de que se arremetió un nuevo análisis el recibirse información complementaria (…), acción que como ente rector tenemos la facultad de realizar, considerando que cada recurso de nulidad presentado para conocimiento del Pleno de Magistrados es distinto, y atendió este caso a la constatación de la existencia de circunstancias de incumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala”.

El caso

El 4 de marzo, el Registro de Ciudadanos del TSE le negó la inscripción a Baldizón, quien competía en la casilla uno del Listado Nacional para el Congreso de la República por el partido Cambio, debido a que consideraba que era una persona “honrada” ni “idónea”.

En la resolución se fundamentaba la decisión en la condena que tuvo Baldizón en Estados Unidos, donde reconoció haber lavado dinero.

El 11 de marzo, el Pleno de magistrados del TSE declaró con lugar un recurso de nulidad presentado por el secretario general del partido Cambio, Edwin Flores, con el cual se revocó la decisión del Registro de Ciudadanos y se permitió la inscripción de Baldizón.

Esa decisión generó fuertes críticas contra los magistrados del TSE que avalaron el proceso, pues consideraban que Baldizón no era idóneo para ser candidato.

El 14 de marzo, TSE se retractó y dio marcha atrás sobre inscripción de Manuel Baldizón tras presión pública.

La decisión se basó, según una fuente del MP, en un oficio enviado por el Ministerio Público (MP) donde detallaba de forma minuciosa los procesos en contra del político y su estado procesal en los mismos, acá en Guatemala.

El 16 de marzo Baldizón presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el que buscaba que el TSE dejara sin efecto la revocatoria de su inscripción para las Elecciones Generales en Guatemala 2023.

La CSJ le denegó el amparo al político, por lo que este luego acudió a la CC, donde los magistrados también le denegaron el amparo, aunque esta resolución es provisional.

El 27 de abril, la CC dejó fuera de la contienda electoral a Manuel Baldizón y reprendió al TSE por actuación en caso, ya que no tenía facultad de revocar de oficio su inscripción.

La CC reconoció la falta de requisitos del político, lo cual debieron observar los magistrados del TSE desde el principio. Baldizón estaba postulado como candidato a diputado por el listado nacional por el partido Cambio.