Absurdas y lesivas prebendas, tales como avorazados aumentos anuales, provisión de vehículos, bonos vacacionales, heredar plazas y hasta permisos indefinidos o cobrar sueldo sin trabajar son algunas de las grotescas estampas del álbum de abusos de ciertos pactos colectivos sindicales del Estado. Tales beneficios desproporcionados no tienen correspondencia ni implicación alguna con la mejora del desempeño ni la exigencia de calidad en el servicio público: al contrario, estos arreglos convenencieros se convierten en un aval de mediocridades y sinvergüenzadas. Así lo demuestra el reciente cotejo de siete pactos sindicales estatales efectuado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

La Constitución Política de la República reconoce el derecho de sindicalización de trabajadores públicos como un medio para la defensa de legítimos derechos y garantías vigentes. No dice defensa de privilegios ilegítimos y menos aún de discrecionalidades amparadas bajo la condición de pertenencia a una organización laboral. En todo caso, toda acción, pretensión o negociación debe ser concordante con la Ley de Servicio Civil.

Antes de la era democrática ocurrieron, lamentablemente, terribles actos represivos contra líderes e integrantes de sindicatos, privados y públicos. Sin embargo, en la actualidad, en ciertos sindicatos estatales, son algunas de esas dirigencias las que ejercen la intolerancia: si alguna autoridad se niega a cumplir con estrafalarias demandas, lesivas para el erario, ajenas a todo sentido legal y ético, montan sabotajes de servicios, hostigan a los críticos y toman acciones unilaterales. Una reciente muestra de ese chantaje fue la reciente huelga magisterial, que impactó a cientos de miles de niños bajo la pretensión de un dirigente obsoleto y furibundo.

Entre los aspectos arbitrarios de ciertos pactos están las exigencias de beneficios monetarios sin criterio técnico ni estudios de viabilidad económica. Esas dirigencias ven al Estado como un botín del cual quieren abusar con total impunidad. Se recetan bonos de Semana Santa, de vacaciones, “del tamal”, de útiles escolares. Se aprovechan del convenencierismo de gobiernos a los que dan, a cambio, apoyo político en momentos de crisis. Así también, la Ley establece inamovilidad para los dirigentes sindicales, si la causal de despido fuese la pertenencia a la organización. Sin embargo, este concepto se ha pervertido y se convierte en un parapeto para enquistarse en dependencias del Estado a pesar de mal desempeño, excesivas ausencias y hasta desempeñar simultáneamente dos cargos públicos —algo prohibido por la Constitución misma, pero ha ocurrido—. Tales permisividades deben impugnarse y proscribirse.

Es desfachatada la forma como algunos dirigentes, sus familiares y aduladores se entronizan en las organizaciones, a fuerza de intimidaciones a opositores, demagogias o compra de voluntades, con lo cual niegan la vocación democrática de estas entidades. Por si fueran pocos todos estos costos de oportunidad a espaldas de los contribuyentes, también exigen vehículos nuevos para transportarse, pago de alquiler y remodelaciones de sedes sindicales, sostenimiento de convivios, prácticas deportivas, elecciones de reinas y otras nimiedades que deberían ser sufragadas por los sindicalizados.

Todo este expolio con pretextos legaloides debería ser revisado y depurado. No hay tal derecho adquirido si se trata de un mal uso de recursos públicos. El derecho es a la organización laboral para la defensa contra abusos, y no al abuso de un cargo en detrimento del ciudadano.