Las autoridades reaccionaron luego de que el Congreso aprobara el artículo 85 del presupuesto de ingresos y egresos para 2026, el cual incluye la adquisición de un tramo accionario para la adhesión del país al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), una decisión avalada por legisladores de distintas bancadas.

El Banguat advirtió que la medida no procede y podría ser objeto de acciones legales.

En respuesta a una consulta de Prensa Libre, la institución afirmó que no se pueden realizar este tipo de operaciones utilizando las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) y anticipó posibles procesos en las instancias judiciales correspondientes.

Los legisladores aprobaron, a solicitud del Ministerio de Finanzas (Minfin), destinar US$40 millones (unos Q306 millones) de las RMI para el CAF, según lo estipulado en el artículo 85 del decreto 27-2025, ordenando así el uso de dichos recursos.

Al respecto, se brindó una explicación a Prensa Libre.

Como autoridad monetaria, ¿Cuál es la posición oficial sobre lo aprobado en el presupuesto a solicitud del Minfin?

La forma en que está escrito el artículo 85 relativo a la participación de la República de Guatemala en la Corporación Andina de Fomento (CAF), en particular porque de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de la República la Junta Monetaria no puede autorizar al Banco de Guatemala para conceder financiamiento directo o indirecto, garantía, o aval al Estado, y a las entidades autónomas y descentralizadas, así como a cualquier ente público, que es a lo que conlleva el referido artículo 85.

Además, conforme lo dispuesto en el artículo 71, inciso c, de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, el Banco Central tiene explícitamente prohibido otorgar financiamiento garantía, o aval al Estado, y a las entidades autónomas y descentralizadas.

¿Qué implicaciones tiene el articulo 85 en la autonomía del banco central?

Siendo las Reservas Monetarias Internacionales parte relevante del patrimonio del Banco de Guatemala y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 132 de la Carta Magna, el Banco de Guatemala al ser una entidad autónoma, descentralizada, una disposición que afecte su patrimonio, sin contrapartida alguna, afecta la autonomía financiera del Banco Central.

Vale subrayar que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Banco Guatemala prevé que la Junta Monetaria es su directora suprema; por lo que solo ella, constitucional y legalmente, tiene la potestad de decidir y autorizar sobre las diversas operaciones y cualesquiera otros actos jurídicos en los que el Banco Central pueda participar o tener interés, pero, en este caso, no podría aprobar una operación que contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

Por otra parte, se debe mencionar que la participación de la República de Guatemala en cualquier organismo internacional, tiene un procedimiento establecido que de forma abreviada cito: 1) Mostrar el interés del país por participar en el organismo, 2) El directorio o junta de gobierno del organismo debe estar de acuerdo con la adhesión del país; 3) El Congreso de la República aprueba la participación del país en el organismo; 4) La participación debe ser ratificada por el organismo ejecutivo y 5) Debe depositarse el instrumento de adhesión en el organismo, una vez se hayan cumplido los requisitos del organismo y los requerimientos legales y constitucionales del país.

Cabe resaltar que la participación en el organismo es de carácter permanente, por lo que una ley de vigencia temporal (como la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco), quizá no sea el instrumento idóneo para su aprobación por parte del Congreso de la República.

¿El artículo 85 podría ser materia de control constitucional?

Se debe comentar que lo referente al artículo 85 está siendo analizado por la Asesoría Jurídica del Banco de Guatemala para establecer las acciones que en derecho corresponden.