Marco Antonio Villeda Sandoval, ministro de Gobernación, en una entrevista con Prensa Libre habló sobre los planes para atacar a las pandillas en sus finanzas y capturar a los cabecillas de las bandas criminales. Además, afirmó que las estructuras criminales mantienen una pugna por controlar el narcomenudeo, lo que genera la mayoría de homicidios.

Según el funcionario, el 80% de la droga al menudeo se comercializa en el departamento de Guatemala, lo que ha provocado una pugna entre los criminales por el control de este mercado. Esta disputa ha generado enfrentamientos entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y los Caradura.

El ministro explicó que en la ciudad de Guatemala se concentra entre el 60% y el 65% de los homicidios a nivel nacional; por tal razón, para debilitar a las pandillas no basta con capturar a los vendedores, sino que es crucial identificar y desarticular a quienes dirigen estas estructuras.

¿Cuál es esa estrategia para atacar directamente las pandillas y debilitarlas?

El fenómeno de las pandillas es un fenómeno evidentemente complejo y que hay que atacarlo desde varios frentes. Tenemos que ser conscientes de que la delincuencia del siglo 20 no es la misma delincuencia del siglo 21; ahora tenemos una delincuencia completamente distinta, una delincuencia mucho más compleja, sofisticada, más tecnificada y que incluso, en muchos casos, tiene apoyo político.

Entonces, si bien es cierto que a las pandillas, en particular, hay que atacarlas desde la fuerza, desde el poder punitivo del Estado, también hay que atacarlas desde otro frente, que es el financiamiento.

Tenemos que atacar su fuente de poder, que es la enorme fortuna que amasan al amparo de sus actividades ilícitas, y, para eso, lógicamente, lo que tenemos que hacer es atacar sus finanzas.

Ninguna organización criminal puede operar sin dinero, ni tampoco puede comprar tecnología de punta y armamento de última generación, ni tampoco puede comprar apoyo político si no tiene dinero.

Entonces, hay que debilitarlos también desde ese frente. Por eso es que, de alguna forma, fue la razón por la que en el año 2010 se creó la Ley de Extinción de Dominio, que tenía por objeto atacar a estas organizaciones criminales a través de despojarlas de estas enormes fortunas que acumulaban a partir de sus actividades ilícitas. El objetivo primario no es que el Estado se quedara con esos bienes, sino que se debilitara a estas organizaciones criminales a través de privarlos de este financiamiento y de este patrimonio que les permitía operar y que, de alguna manera, era la razón de ser de su actividad criminal.

Basado en su experiencia en el Organismo Judicial, ¿es necesario reformar la Ley del Lavado de Dinero?

Sí, es necesario. De hecho, Gafilat —Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica— ya ha hecho recomendaciones de que hay que actualizar la normativa de lavado de dinero, y en esa virtud el presidente Bernardo Arévalo envió una iniciativa de ley al Congreso para que se cumpliera con ese propósito, porque sí hay que actualizar la tipificación de ciertas conductas de lavado de dinero que se encuentran en la normativa actual, hay que modernizarlas.

¿Cuál es la estrategia para disminuir los homicidios? ¿Cómo van a atacar el narcomenudeo y la pugna entre la MS, Barrio 18 y Caradura por el control del territorio?

Nosotros sí tenemos toda la intención de atacar este narcomenudeo que ha generado esta violencia en los últimos meses por el control del territorio, y porque hay un enfrentamiento entre distintas bandas que quieren controlar este mercado.

Vamos a seguir con estas acciones de allanamientos en los lugares donde se da este negocio ilícito, pero también para capturar a aquellas personas que están involucradas en este tipo de actividades.

Para nadie ha sido un secreto la violencia que ha generado este tipo de enfrentamientos, pero también es evidente —y las estadísticas lo demuestran— la cantidad de personas que las fuerzas de seguridad civil han capturado realizando este tipo de acciones relacionadas con el narcomenudeo.

Se ha capturado a una enorme cantidad de personas que las hemos encontrado llevando a cabo estas actividades, pero no basta ir solo en contra de aquellas personas que, de alguna manera, son los vendedores al por menor de la droga, sino que también hay que determinar quiénes son los cabecillas de estas organizaciones que controlan este narcomenudeo. Nuestras acciones irán directamente a establecer qué organización es la que controla el mercado de narcomenudeo y quiénes son los cabecillas que dirigen a estas organizaciones, para tener un combate efectivo a esta actividad ilícita.

¿En qué departamentos hay más violencia homicida por narcomenudeo?

La mayor cantidad de violencia homicida se genera en la ciudad de Guatemala. Alrededor del 60 o 65% de la violencia homicida que se genera a nivel nacional se genera en la ciudad de Guatemala. En segundo lugar, tenemos Escuintla y luego tenemos a Izabal y Chiquimula. Sin embargo, no siempre la violencia homicida está ligada al narcomenudeo. El narcomenudeo, en su mayor medida, se da en la ciudad capital.

Hay indicios de que en otras zonas esta actividad se pueda estar realizando, pero en su mayor parte, casi me atrevería a decir que un 80% del tema de narcomenudeo se da en la ciudad de Guatemala, y de hecho es acá donde se está disputando el control de este mercado ilícito.

¿Cómo van a fortalecer a la Policía para enfrentar a las estructuras criminales? ¿Ya iniciaron el proceso de compra de armas para la próxima promoción de nuevos agentes?

Tenemos que enfocarnos en obtener armas que le permitan a la Policía enfrentarse a estos grupos criminales que tienen esta capacidad de fuego en igualdad o en superioridad de condiciones. La autoridad, cuando sale a combatir el crimen, no sale para perder esa batalla; la autoridad tiene que salir con la convicción y con los medios materiales para poder enfrentar a estas bandas criminales con garantías de ganar y de poderlos someter al orden.

Nosotros actualmente tenemos una Ley Antipandillas que nos permite, de alguna forma, comprar equipo y armamento sin pasar por todos los procedimientos que nos exige la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

Tenga usted la plena seguridad de que en este caso vamos a equipar a la Policía con armas que le permitan enfrentarse con suficiente garantía de éxito a estas bandas criminales que ostentan y que poseen este armamento de alto calibre.

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¿Cuándo se haría la compra de estas armas?

Estos días vamos a iniciar las negociaciones y los procesos para la adquisición de estos equipos. Nuestro objetivo primario es activar acuerdos gobierno a gobierno para evitarnos temas de corrupción, de falta de transparencia y todo lo que se genera alrededor de los procesos de licitación.

Muchas veces estos procesos se detienen o se terminan cayendo porque hay denuncia de corrupción alrededor de la tramitación de estas licitaciones. Para evitar eso, para ahorrarnos dinero y para hacer esta compra mucho más rápida, vamos a activar estos convenios de gobierno a gobierno que tiene Guatemala con distintos países del mundo.

El director de la PNC dijo que las armas se comprarían a Israel y los vehículos a EE. UU. ¿Las compras podrían hacerse a otros gobiernos?

El director de la PNC mencionó los países, pero la verdad es que nosotros tenemos convenios de gobierno a gobierno con Argentina, Estados Unidos, Israel, Canadá y Taiwán.

La verdad que todavía es muy prematuro; estamos haciendo todavía los análisis porque tenemos que primero establecer qué es lo que necesitamos, y luego establecer qué país es el que nos lo puede vender al mejor precio y entregárnoslo en un corto tiempo.

En cuanto a la construcción de cárceles, ¿qué pasará con el penal pendiente de construir en Masagua, Escuintla?

El tema de Masagua ha encontrado tropiezos porque hay un problema administrativo y, hasta cierto punto, legal que nosotros estamos en proceso de resolver.

Tenemos toda la fe y la convicción de que ese tema se va a resolver, y vamos a poder avanzar en la segunda fase, que es la construcción de la cárcel en el lugar donde originalmente se ha determinado que se va a construir, que es en Masagua, Escuintla, con recursos procedentes del Banco Centroamericano de Integración Económica.

La cárcel que construirá el Ejército en Izabal, ¿tendrán ayuda por parte de otros gobiernos para el diseño y ejecución?

Esa cárcel la va a construir el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, bajo la coordinación y supervisión del Ministerio de Gobernación.

Estamos ahorita en mesas técnicas con equipos del Ministerio de Gobernación, como del Ministerio de la Defensa, para determinar los mecanismos administrativos, los procesos de adquisición de todo aquello que vaya a necesitarse para construir la cárcel y también para analizar y ponernos de acuerdo con los planos que nos ha presentado el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La cárcel tiene una lógica, y nosotros tenemos que hacer esas recomendaciones, esas observaciones, para tener una cárcel con estándares internacionales que permitan garantizar la seguridad y la rehabilitación de los reos que quieran rehabilitarse.

Tenemos también una colaboración de expertos de INL —Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos— que nos están asesorando en todos estos temas de construcción de la cárcel, medidas de seguridad y equipamiento.

Entonces, a su pregunta concreta, sí tenemos personas que de alguna manera nos están asesorando en todos estos temas carcelarios, sí la tenemos, y están colaborando muy de cerca con nosotros.

¿Qué plan tienen para reducir el hacinamiento en las cárceles?

He hablado con los diputados porque hay un tema muy particular que nos ayudaría, desde la perspectiva del delito de lavado de dinero, a deshacinar las cárceles, y es que en la normativa actual la Ley de Lavado de Dinero tiene contemplada una pena de 6 a 12 años de prisión y una multa equivalente al monto que la persona ha lavado.

Sucede muchas veces que las personas cumplen la pena de prisión que les han impuesto los tribunales, pero no tienen para pagar la multa. Entonces, cuando no se tiene para pagar la multa, tiene que realizarse una conversión, y la multa se convierte en días cárcel, y eso eleva la prisión muchas veces hasta 50 años.

Hay personas que ya han cumplido la pena de prisión, pero no tienen dinero para pagar la multa. En esa situación, según el último dato al que yo tuve acceso, se encuentran casi 6 mil personas.

Lo que se está proponiendo en una iniciativa de ley es que esta multa se pueda suspender condicionalmente a través de que la persona realice un trabajo comunitario y podamos, de alguna forma, también desahogar las cárceles de todos aquellos que ya cumplieron su pena de prisión, pero no tienen dinero para pagar esas millonarias multas.