Durante años, el Ministerio Público dejó de ser para muchos ciudadanos una institución que daba confianza y se convirtió en sinónimo de miedo, persecución selectiva, impunidad y uso político de la justicia. Por eso, aunque hoy exista un nuevo fiscal general y muchos quieran pasar la página rápidamente, el tema no puede reducirse a un simple “borrón y cuenta nueva”. Hay demasiadas heridas abiertas, demasiados casos inconclusos y demasiadas preguntas pendientes como para actuar como si nada hubiera ocurrido.

El problema: Varias personas, amigos e incluso maestros, me han dicho en estos días que ya no deberíamos seguir hablando de Consuelo Porras, de su equipo, de las cuestionadas Comisiones de Postulación ni de lo difícil que fue el proceso para llegar hasta aquí. Que es momento de dar vuelta a la página. Pero la realidad es que no se puede.

No se puede porque muchos fiscales que fueron parte de ese sistema ni siquiera tuvieron la dignidad de renunciar. Algunos, como Rafael Curruchiche y otros funcionarios separados de sus cargos, hoy demandan al Ministerio Público alegando despidos injustificados y exigiendo reinstalaciones.

Pero, además, no se puede porque quedan demasiadas dudas pendientes. ¿Qué va a pasar con los casos que nunca se investigaron? ¿Con aquellos que se cerraron antes de tiempo? ¿Con los expedientes que quedaron atrapados en un limbo judicial, sin avanzar ni resolverse?

¿Qué pasó? En el episodio de esta semana del ROBERTO ALEJOS PODCAST, charlamos con Roberto Arzú, quien también considera que el tema del Ministerio Público todavía no puede darse por cerrado. Señaló que, a su criterio, existen demasiadas actuaciones pendientes de revisar y demasiadas responsabilidades que aún deben esclarecerse.

Recuerdan además las denuncias que presentó contra la exfiscal general y varios integrantes de su equipo por posibles delitos como incumplimiento de deberes, violación a la Constitución, abuso de autoridad y otros hechos que, según sostiene, deben ser investigados.

Más allá de simpatías o diferencias políticas, hay una pregunta válida detrás de esa insistencia: ¿cómo simplemente olvidar lo ocurrido?

Si todos hubieran renunciado y salido discretamente, probablemente el nuevo fiscal tendría hoy más espacio para reorganizar la institución sin tanta confrontación. Pero la situación es otra.

Hay fiscales defendiendo actuaciones que muchos consideran abusivas. Hay procesos que permanecieron abiertos durante años sin pruebas sólidas y personas que optaron por salir del país ante el temor de enfrentar acciones que consideran arbitrarias. También existen investigaciones que fueron cerradas convenientemente, muchas veces con la complicidad o pasividad del sistema judicial.

Y quizá lo más grave: ¿cuántos casos nunca se investigaron? ¿Cuántas denuncias fueron archivadas sin siquiera iniciar diligencias?

Esto no se trata de venganza ni de seguir con el péndulo. Seríamos los primeros en señalar cualquier intento de utilizar nuevamente el Ministerio Público como instrumento político o de persecución.

NO SE VALE actuar como si nada hubiera ocurrido. Quienes abusaron del poder, utilizaron las instituciones para proteger intereses, perseguir adversarios o enriquecerse ilícitamente, deben entender que tarde o temprano las acciones tienen consecuencias. Los abusos, las persecuciones selectivas y la manipulación de la justicia no pueden reducirse a simples errores administrativos sin impacto para el país.

La justicia detenida también le cuesta al país. El daño no se limita a los tribunales. Hay carreteras paralizadas porque los procesos judiciales quedaron a medias. Ni los acusados terminan de ser condenados ni los proyectos logran reactivarse. Hay bodegas llenas de insumos y bienes que nunca llegaron a la población. Hay compras irregulares que jamás se investigaron a fondo.

Y también vimos cómo algunas personas, aprovechando mecanismos como la aceptación de cargos, terminaron pagando muy poco —en tiempo y dinero— para luego continuar su vida como si nada hubiera ocurrido. Todo eso tiene consecuencias directas para la ciudadanía.

¡Ya es hora! El Ministerio Público necesita una limpieza profunda y seria. Aunque la frase “limpiar la casa” se ha usado muchísimas veces en Guatemala, hoy cobra más sentido que nunca.

Implica separar de la institución a quienes fueron cómplices, tanto por acción como por omisión. Implica revisar casos que nunca debieron abrirse y reactivar aquellos que jamás debieron archivarse. Implica analizar si algunas fiscalías fueron utilizadas como instrumentos de persecución política o de protección mutua entre grupos de poder. También implica recuperar algo fundamental: la credibilidad de las instituciones.

Que nos duela ver cómo personas que formaron parte del equipo de Consuelo Porras no solo decidieron quedarse, sino que ahora exigen ser reinstaladas, desgastando aún más instituciones que deberían recuperar la fortaleza y legitimidad con las que fueron concebidas en la Constitución. Que ese dolor nos mueva a actuar, a involucrarnos y a asumir nuestra responsabilidad en la construcción del país que queremos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.