El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas mineras que operan en la Sierra Santa Cruz, Izabal, por presuntas irregularidades detectadas en sus proyectos, los cuales podrían afectar fuentes de agua que abastecen a más de 50 comunidades locales.

El 21 de julio de 2025, en conferencia de prensa, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, indicó que el MARN presentará más denuncias ante el Ministerio Público (MP) por irregularidades detectadas en los proyectos Santa Anita y Santa Anita II, ambos en trámite para obtener licencia minera.

Estas acciones se suman a las denuncias penales previas presentadas el 10 de junio de 2025, tras inspecciones ambientales que revelaron actividades presuntamente ilegales realizadas por las empresas responsables.

Denuncias por exploraciones ilegales

El conflicto por el otorgamiento de licencias mineras en la Sierra Santa Cruz, en Izabal, ha escalado en las últimas semanas, luego de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentara el pasado 10 de junio de 2025 dos denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) contra los proyectos Santa Anita y Santa Anita II, por presuntas irregularidades detectadas durante una inspección ambiental.

La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, reconoció que las comunidades manifestaron su preocupación desde abril de 2025 por la existencia de 10 licencias ambientales otorgadas en noviembre de 2023, durante el gobierno anterior. Señaló que el ministerio está revisando si el proceso fue adecuado y que el 30 de julio se entregará la resolución del procedimiento administrativo.

“Las comunidades quieren que anulemos las licencias, pero debemos seguir el debido proceso legal. No podemos actuar fuera del marco jurídico”, expresó Orantes en una entrevista radial, en junio. Añadió que los estudios ambientales entregados por las empresas “no son concluyentes ni suficientes” para garantizar la protección de los recursos hídricos.

De acuerdo con documentos proporcionados por autoridades locales en Izabal en el proyecto Santa Anita se detectaron dos calicatas (excavaciones exploratorias en el suelo), mientras que en Santa Anita II se localizaron cuatro más. Estas actividades habrían sido realizadas sin autorización minera, lo que podría constituir un delito ambiental.

Ambos proyectos forman parte de las seis solicitudes de licencia presentadas por la empresa Río Nickel S. A., que también impulsa los proyectos Bongo, Santa Anita III, Santa Cruz Caledonia y Coatepeque I. Los otros cuatro proyectos (Tzultaka I, II, III y IV) pertenecen a Producciones del Atlántico, S. A.

Preocupación comunitaria por el agua

En los meses de abril y junio, comunidades de Livingston realizaron bloqueos en la ruta CA-13, exigiendo la cancelación de las licencias mineras por temor a que estas afecten los nacimientos de agua, esenciales para consumo, agricultura y subsistencia.

Uno de los puntos más sensibles, es el Cerro 1019, ubicado en la Sierra Santa Cruz, ha sido identificado como un punto estratégico para el suministro de agua potable, riego y subsistencia de al menos 54 comunidades.

Según un informe técnico de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (Amasurli), la zona posee alta biodiversidad y fue declarada Reserva de Biosfera en 2009 por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

El documento advierte sobre posibles impactos ambientales graves, como contaminación con metales pesados, residuos tóxicos y desecación de nacimientos de agua, lo cual pondría en riesgo la salud, la agricultura y la fauna silvestre.

Protestas y tensión social en la región

El conflicto ha desencadenado tensión social en Izabal. En junio, se reportaron enfrentamientos y un herido durante manifestaciones. Según la ministra Orantes, hubo agresiones contra vehículos oficiales, incluido el del viceministro de Ambiente.

Miembros de las comunidades Creek Maya, San Juan, Chocón Machacas, Río Dulce y barrios urbanos de Livingston, han sido quienes han expresado su oposición al proceso de licenciamiento. Los líderes comunitarios han documentaron sus reparos en actas comunitarias, argumentando que el proceso violó su derecho a una consulta previa, libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

Empresas aseguran que no han iniciado operaciones

En una entrevista telefónica con Prensa Libre en junio, Mark Billings, CEO de Central American Nickel (CAN), empresa propietaria de Río Nickel S.A., negó haber realizado actividades ilegales.

Sobre las calicatas señaladas, explicó que se trata de procedimientos exploratorios que, según la categorización del MARN, pertenecen a la categoría C más Plan de Gestión Ambiental (PGA), correspondiente a proyectos de bajo impacto. Los dos proyectos de explotación, agregó, se clasifican como categoría B, al tratarse de minería metálica formal.

Billings también afirmó, en esa ocasión, que hay antecedentes históricos de minería en la zona, incluso desde los años 60, cuando la empresa Inco operó en el área. Entre 2004 y 2014, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) también otorgó licencias a otras empresas, las cuales podrían haber dejado estructuras como las calicatas identificadas en la inspección.

MEM: “No se han otorgado licencias de exploración ni explotación”

Por su parte, el MEM aclaró que, hasta la fecha, no ha otorgado licencias de exploración ni de explotación minera a ninguna de las empresas señaladas.

Además, explicó que el proceso inicia con una licencia ambiental aprobada por el MARN, luego se realiza una revisión técnica y finalmente debe efectuarse una consulta a pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT.

Debido a que el proceso aún está bajo investigación, el MEM se reservó el derecho de emitir más declaraciones, pero aseguró que dará acompañamiento conforme a la ley.

¿Cuál es el proceso administrativo para obtener una licencia de exploración minera en Guatemala?

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el procedimiento para que una empresa minera obtenga una licencia de exploración incluye los siguientes pasos:

1. Solicitud de licencia ambiental ante el MARN:
   La empresa interesada debe presentar una propuesta de evaluación ambiental, que incluye un plan de gestión ambiental (PGA), según la categoría del proyecto (por ejemplo, C para exploraciones de bajo impacto).

2. Aprobación del instrumento ambiental:
   Una vez evaluada, el MARN otorga (o no) la licencia ambiental, con base en los estudios presentados. Esta aprobación es requisito previo para continuar el proceso.

3. Solicitud de licencia minera ante el MEM:
   Con la licencia ambiental en mano, la empresa presenta la solicitud formal de licencia de exploración minera al MEM, junto con la documentación técnica y legal requerida.

4. Revisión técnica y legal del MEM:
   El MEM analiza internamente la viabilidad técnica, legal y administrativa del proyecto.

5. Consulta a pueblos indígenas:
   En cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el MEM debe realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en el área de influencia. Esta etapa es fundamental y obligatoria antes de otorgar la licencia.

6. Otorgamiento (o no) de la licencia de exploración:
   Tras cumplir todos los requisitos y procedimientos, y si no hay objeciones fundadas, el MEM puede aprobar la licencia de exploración.

La Sierra Santa Cruz: un conflicto entre desarrollo y sostenibilidad

El caso pone en el centro del debate el uso del territorio, los mecanismos de licenciamiento ambiental y el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Mientras las empresas aseguran que cumplirán con los requisitos y que pueden operar de forma sostenible, las comunidades afirman que el desarrollo minero en esta región afectaría irremediablemente sus medios de vida.

Además, diversas organizaciones locales han recordado que la Sierra Santa Cruz es un área protegida, por lo que cualquier intervención debe considerar su valor ecológico y las leyes que garantizan su conservación.

En tanto, el proceso legal sigue su curso. Las autoridades del MARN continúan el análisis de los expedientes y las pruebas recabadas durante las inspecciones, mientras que las comunidades exigen la anulación total de las licencias y el respeto a su derecho al agua, al territorio y a un ambiente sano.

Por último, la ministra Orantes invitó a los medios de comunicación y a la población al evento programado para el 30 de julio, según indicó, se presentará toda la información recabada junto a las comunidades afectadas.