El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que endurece la supervisión sobre las transferencias internacionales de dinero y los servicios financieros otorgados a migrantes sin autorización legal para trabajar en ese país, medida que podría impactar directamente el envío de remesas hacia México y otros países de América Latina.

La orden, titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, fue emitida el 19 de mayo y plantea nuevas obligaciones para bancos e instituciones financieras, bajo el argumento de combatir actividades ilícitas como narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En el documento, Trump afirmó que su administración “no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita”, ni permitirá riesgos derivados de otorgar créditos o servicios financieros a personas extranjeras “inadmisibles y sujetas a deportación”.

La orden instruye al Departamento del Tesoro y a los reguladores financieros federales a emitir, en un plazo de 60 días, nuevas advertencias y lineamientos dirigidos a bancos y entidades financieras para fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre operaciones consideradas sospechosas.

Entre las actividades que serán objeto de mayor supervisión figuran las transferencias transfronterizas de bajo monto, el uso de plataformas de pago entre particulares, retiros y depósitos repetitivos en pequeñas cantidades y operaciones vinculadas con pagos fuera de sistemas regulados.

Uso de identificación fiscal

Uno de los puntos más sensibles de la medida es la referencia directa al uso del ITIN, número de identificación fiscal utilizado por miles de migrantes indocumentados para abrir cuentas bancarias y realizar transferencias de dinero. La orden señala que el uso de este documento “puede considerarse un factor de riesgo que requiere una debida diligencia reforzada”, lo que podría derivar en revisiones adicionales, restricciones o rechazo de operaciones financieras.

Además del monitoreo de remesas, la disposición también contempla un endurecimiento en el acceso a productos financieros como hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos de consumo para personas sin autorización laboral en EE. UU.

Trump argumentó que otorgar créditos a migrantes sin permiso legal de trabajo representa un riesgo para la estabilidad del sistema bancario estadounidense debido a la posibilidad de pérdida de ingresos o deportación.

La orden ejecutiva también cita investigaciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que detectaron esquemas de lavado de dinero ligados a organizaciones criminales y redes financieras vinculadas con el tráfico de fentanilo y carteles mexicanos. Según el documento, ciudadanos chinos habrían utilizado cuentas bancarias en EE. UU. para lavar más de US$312 mil millones para organizaciones criminales.

México podría ser uno de los países más afectados por estas medidas debido a su alta dependencia de las remesas enviadas desde EE. UU. Durante el 2025, el Banco de México reportó ingresos superiores a los US$64 mil millones por este concepto, provenientes en su mayoría de trabajadores migrantes mexicanos.

Aunque la orden no prohíbe el envío de remesas, sí abre la posibilidad de que bancos estadounidenses aumenten los controles, soliciten más documentación o restrinjan operaciones de personas sin estatus migratorio regularizado.

Puntos clave de la orden ejecutiva

• Refuerzo de vigilancia sobre transferencias internacionales de bajo monto.
• Mayor supervisión a plataformas de pago entre particulares y procesadores de terceros.
• Posibilidad de solicitar información sobre el estatus migratorio de clientes bancarios considerados de riesgo.
• El uso del ITIN será considerado un posible factor de riesgo financiero.
• Bancos deberán reforzar programas de identificación y debida diligencia de clientes.
• Se endurecerían los requisitos para acceder a hipotecas, préstamos y tarjetas de crédito para migrantes sin autorización laboral.
• Las autoridades financieras deberán emitir nuevas regulaciones en un plazo de 60 a 90 días.
• La medida busca combatir lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y financiamiento ilícito, según la Casa Blanca.

Con información de Infobae, La Prensa Gráfica y La Jornada.