Con displicencia y con claras intenciones de venderse como supuestos benefactores, varios diputados avalaron en comisiones legislativas un aporte extraordinario de hasta Q575 millones para evitar la quiebra del Instituto de Previsión Militar, una entidad cuyas cuentas no cuadran, que reporta pérdidas constantes por falta de capitalización y cuyos encargados se quejan de no tener suficientes cotizantes con lo cual el pago de pensiones drena sus recursos. Quizá haya algo de cierto en tales argumentos y en efecto, quienes sirven a la Patria, merecen tener un sistema robusto para tener sustento digno en la etapa de retiro.

Sin embargo, el principal atentado contra el IPM ha estado dentro, a causa de manejos dudosos de activos que han impactado en los recursos de sus agremiados. Basta recordar la infame y opaca inversión en el Fund of America, durante el gobierno del extinto y nefasto Frente Republicano Guatemalteco, que dejó pérdidas por alrededor de Q88 millones que no han sido recuperados y cuyo paradero real se desconoce. En febrero de 2024, la Contraloría General de Cuentas denunció de nuevo el tema, interpuso denuncias contra posibles responsables de no dar seguimiento a la recuperación de fondos. Curiosamente, el Ministerio Público, que recientemente ha invocado otros reparos recientes de la CGC para iniciar pesquisas, no hizo nada en relación a los recursos militares.

Autoridades del IPM aducen que existen adeudos del Ejecutivo para con la entidad y que tienen una relación de un cotizante por un pensionado, aunque cabe decir que cuando estalló la primera dnuncia del Fund of América, en 2004, los funcionarios de aquel momento también esgrimían la misma proporción y decían que era inminente la quiebra.

Los recursos públicos siempre son limitados para el cúmulo de necesidades nacionales, pero los diputados al Congreso manejan el erario de forma discrecional. Basta recordar el ilícito e infame autoamento de hace un año, que sigue siendo lesivo, por su naturaleza ventajosa, pero es sobre todo inmoral dada la escasa productividad legislativa. Ello por no mencionar avales a bolsones opacos, como el de los Codedes, que sigue inflándose. Y si hablamos de funciones similares a las del IPM, que tiene 5 mil pensionados, es necesario recordar el adeudo acumulado de unos Q70 mil millones del Gobierno al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para el cual también debería tener plan de amortización. Tal cifra serviría para apuntalar planes de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia -hay 100 mil pensionados-, y permitiría más inversión en hospitales.

Sí, el IPM tiene la misión de dar apoyo a militares en retiro o sus familias, pero por eso mismo, necesita de una reingeniería estructural y funcional, para ser más eficiente. En el gobierno de Otto Pérez M. se transfirieron varias propiedades del Estado, cuyo estatus y réditos deben ser auditados. En 2023, el gobierno de Alejandro Giammattei les dio Q900 millones de aporte extraordinario. ¿En dónde están? El Congreso no puede comprometer fondos sin compromisos de desarrollo y transparencia.

La semana anterior hubo protestas de supuestos exmilitares que reclaman pagos extemporáneos por un servicio que hoy califican de forzoso. Y se dice supuestos porque muchos de ellos no figuran en nóminas del Ministerio de la Defensa. Previos gobiernos se han avalado desembolsos con eufemísticos nombres a favor de grupos similares. Pero el erario no es una piñata ni un pozo sin fondo, y lo mismo cabe decir de la previsión social de los hijos del Deber y de la Patria.