Esta semana se hizo público el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), con la Clasificación Mundial de Prensa 2025. Guatemala, aunque mejoró, sigue en general en una posición de riesgo.

El informe califica a Guatemala de “terreno hostil” para la práctica periodística. Pone una señal de advertencia a la persecución judicial y al homicidio contra reporteros.
Artur Romeu, director para América Latina de RSF, durante una entrevista con Prensa Libre, profundizó un poco más en la situación del país y los efectos que puede tener el deterioro de la libertad de prensa para la democracia.

Hay una mejora en el ranquin para Guatemala. ¿Cómo se debe interpretar eso?

Guatemala es muy particular este año. Cuando uno mira los indicadores de manera aislada, vemos cómo el indicador político, por ejemplo, que captura la percepción de las condiciones que se dan para ejercer el periodismo con independencia editorial sin injerencia de autoridades públicas u organismos estatales ha mejorado, pero los otros indicadores no lo han hecho, e incluso algunos han empeorado o permanecen estables.

Un ejemplo claro es la situación de Jose Rubén Zamora, que sigue detenido a pesar de todo el ejercicio de presión política que hizo incluso el presidente del país.

Pero hay otras cosas, como la sostenibilidad de los medios, la precarización laboral y las condiciones de protección y seguridad de los periodistas, que están en una muy mala situación, y Guatemala está entre los países que aparecen en la clasificación como un país difícil para ejercer el periodismo.

El informe califica a Guatemala de “terreno hostil”. ¿Es por esos indicadores que menciona?

Voy a ser más quirúrgico. Está el indicador sociocultural, que es uno de los cinco que están asociados al informe y, en el caso de Guatemala, reflejan que hay campañas de odio en contra de los periodistas, hay autocensura de reporteros, de medios de comunicación cuando están dando cobertura a temas que involucran a autoridades públicas, instituciones religiosas y crímenes ambientales, por ejemplo.

En ese indicador, el sociocultural, Guatemala está peor y refleja ese escenario hostil.

¿Hay criminalización a periodistas, según el informe?

Creo que es un aspecto clave de la discusión del periodismo en Guatemala. Una cosa es que los periodistas hablemos de esos terrenos hostiles para trabajar, pero estamos convencidos de que el periodismo va más allá de los intereses que tienen los periodistas.

¿Qué impacto tiene para la ciudadanía el deterioro de la libertad de prensa?

Muchas veces, cuando estamos hablando de libertad de prensa, se entiende que estamos hablando de proteger a un periodista, a un medio, con una lógica un poco más corporativista, pero quiero insistir en que el trabajo que estamos haciendo no tiene nada que ver, o casi nada que ver en ese caso, con defender a periodistas y medios.

Estamos hablando de defender el derecho de la ciudadanía a informarse, de tener acceso a una información libre, plural y veraz.

El derecho a la libertad de prensa es un derecho que está en simbiosis con otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al medioambiente saludable. O sea, hay una simbiosis en el sentido de que necesitamos estar bien informados sobre distintos aspectos de nuestra vida para poder hacer presión pública.

¿Y el caso de Jose Rubén Zamora y de los otros periodistas que están en el exilio en qué grado afectan?

Específicamente en el caso de Zamora, tenemos un símbolo, o sea, la situación de él es un monumento al deterioro de la situación frágil de la libertad de prensa, incluso de la democracia en Guatemala.

Y en esa línea es que estamos metiéndonos a hablar ahorita. El informe también destaca que hay una crisis financiera y editorial en los medios, no de Guatemala, del continente.

¿Esta crisis financiera cómo afecta el libre ejercicio del periodismo?

En 160 de los 180 países evaluados, responden que es difícil o muy difícil que los medios alcancen una sostenibilidad financiera; estamos hablando de más del 80 por ciento de los países del mundo que reconocen que la estabilidad financiera se ha vuelto un desafío existencial.

No podemos dejar de ver esas condiciones estructurales para el ejercicio del periodismo como aspectos que amenazan la garantía del derecho a la libertad de prensa.

¿Qué esperar para Guatemala si no se aplica un correctivo a esas amenazas?

La situación de Guatemala es políticamente bastante compleja, con la tensión permanente que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el Ministerio Público en particular.

La recomendación es que es necesario tener coraje y voluntad política para poder tratar los temas de derechos humanos con un peso de prioridad más fuerte, porque tenemos un cuadro de una atención permanente que impone, incluso, dificultades de gobernabilidad, de tomas de decisión, de avances concretos en políticas públicas, sobre todo en un país que en los últimos años se ha caracterizado por una lógica de criminalización sistemática al periodismo, de promoción de juicios, acoso judicial, detenciones, órdenes de arresto, o sea, es un acoso lo que está sucediendo.