Luis Linares López, exministro de Trabajo y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comentó que la decisión presidencial sobre el salario para el siguiente año está más relacionada con la política laboral que con la partidaria. Sin embargo, afirmó que debe fundamentarse en criterios técnicos, conforme al Código de Trabajo de Guatemala y a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Explicó que uno de los criterios orientadores es la productividad, aunque en Guatemala no existe una medición oficial de la productividad del trabajo. En su lugar, se toma como referencia el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) y la inflación como mecanismo de protección del poder adquisitivo.

Al respecto, señaló que la OIT no recomienda utilizar la inflación pasada, sino la proyectada. Además, ese organismo considera prioritario mantener el nivel de empleo, lo que implica evitar pérdidas de puestos de trabajo o dificultades para que los empleadores generen nuevas plazas.

Con base en esos criterios, Linares López afirmó que el incremento debió situarse entre 5% y 6%. El 7.5% fijado para las actividades no agrícolas en el 2026 “ya es un poco hacia arriba”. Añadió: “Porque un punto porcentual, aunque parezca poco, significa mucho; en términos de costos para las empresas, sí afecta”.

En todo caso, consideró que la fijación salarial para el próximo año “está un poco cargada con el incremento del 7%”.

Adelantó que, con esta medida tomada por las autoridades, ya se prevén aumentos mayores para el 2027.

Por ello, reiteró la necesidad de establecer una política de salario mínimo que brinde certeza a empleadores y trabajadores, y que se espera sea presentada por las autoridades en la Comisión Nacional del Salario (CNS).

Remarcó que esos lineamientos deben traducir los criterios en indicadores precisos y medibles, así como establecer rangos dentro de los cuales se definan los ajustes salariales. Esto brindaría confianza a los interlocutores y certeza a empleadores, inversionistas y trabajadores para hacer sus cálculos.

Agregó que esa política salarial debe establecer posibles ajustes con base en criterios definidos y mecanismos para amortiguar los impactos, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

Crecimiento no justifica alza del 7.5%

Sobre los indicadores del 2025, cuando la economía, medida por el PIB, creció 4.1% y la inflación no superó el 2%, Linares López aclaró que la mayor parte del aumento de la productividad se debió a la fuerza laboral, y no a la innovación tecnológica o inversión en equipo.

“Entonces, si hay un incremento del PIB y de la inflación esperada para el año siguiente, el incremento debió ser del 6%, así, a simple vista. Esos son los criterios principales que recomendó un experto de la OIT que estuvo en Guatemala y que era un alto especialista”, apuntó.

Linares López reiteró que, en su opinión, el ajuste debió ser de 6%, con base en los datos del crecimiento económico y la inflación, criterios que se consideraron cuando fue ministro de Trabajo y participó en la definición de incrementos salariales.

Empresas deben ajustar sin despedir

En cuanto a los porcentajes de ajuste al salario mínimo, los empleadores deben contar con la cantidad de trabajadores que realmente necesitan. Si en algún momento se produce un cese de personal, es porque hay más plazas de las requeridas. Es posible, entonces, que eviten aumentar la contratación.

“Las empresas, ante esta situación —que es una realidad—, deben considerar ajustes posibles en términos de eficiencia: reducción de costos en el uso de materiales, materias primas e insumos, y evitar la pérdida de productos, porque hay mucho de eso”, declaró.

Por otro lado, indicó que el Gobierno debe atender la principal crítica: mejorar la inversión y el mantenimiento de la red vial, así como resolver los problemas relacionados con los tiempos de viaje.

Salario mínimo desalienta inversión

Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, consideró que la economía guatemalteca ha crecido impulsada por factores externos, especialmente por un shock positivo en los términos de intercambio comercial. Eso, afirmó, ha permitido que las personas cuenten con más recursos para el consumo, en parte por el incremento de las remesas familiares.

Recordó que Guatemala es una economía en la que la productividad no ha aumentado en los últimos años, y advirtió sobre una desconexión entre el salario mínimo y la productividad.

Como ejemplo, señaló que Guatemala tiene un sueldo mínimo similar al de México, aunque el producto interno bruto (PIB) per cápita del vecino país es el doble. “Esto significa que estamos encareciendo la mano de obra de manera brutal. Se tiene que levantar la vista de lo local hacia lo internacional y ver cómo esas políticas están impidiendo que llegue mayor flujo de inversión extranjera a Guatemala”, recalcó.

El ejecutivo agregó que el salario mínimo lo recibe alrededor del 34% de la fuerza laboral, mientras que el 66% de la población está fuera de ese alcance.

Ajuste debió ser de 8%

Adolfo Lacs Palomo, representante de la Federación Sindical de Empleados Bancarios, de Servicios y del Estado de Guatemala (Fesebs), consideró positivo que el salario mínimo haya aumentado y que no se mantuviera congelado para el próximo año.

Sin embargo, criticó que el ajuste quedó corto, especialmente en las actividades de maquila, exportación y agricultura, donde los incrementos fueron de 4% y 5%, cifras que calificó como muy bajas.

Recordó que las empresas de estos sectores gozan de beneficios fiscales y, por tanto, deberían mejorar los salarios. Añadió que en el sector agrícola hay escasez de mano de obra debido a los bajos sueldos y a que, en la mayoría de los casos, no hay contratación permanente, sino temporal.

Esta situación obliga a muchos trabajadores del campo a migrar, ya que necesitan ingresos durante todo el año, y no solo en los cuatro meses de temporada laboral.

Aun así, reconoció que el ajuste beneficiará a los trabajadores de ambos sectores.

“El ajuste ideal era de al menos 8%, parejo para todas las actividades económicas y para todo el país, una cifra alcanzable. El sector privado realizó una campaña muy fuerte para que no hubiera aumento al salario, y se dio el incremento que políticamente era conveniente”, remarcó Lacs Palomo durante una conferencia de prensa.

Afirmó que el aumento al salario mínimo fijado para el 2026 está por encima de la inflación registrada en el 2025, lo cual calificó como positivo.