Ley de Ciberseguridad refuerza la persecución penal y crea una dirección técnica, según Mingob
La viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Gobernación, Karen Ortiz Solares, se refirió a lo que sigue tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Ciberseguridad, que fue trasladada al Organismo Ejecutivo para su sanción. «Afortunadamente Guatemala ya cuenta con una ley de ciberseguridad», dijo la funcionaria […]
La viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Gobernación, Karen Ortiz Solares, se refirió a lo que sigue tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Ciberseguridad, que fue trasladada al Organismo Ejecutivo para su sanción.
«Afortunadamente Guatemala ya cuenta con una ley de ciberseguridad», dijo la funcionaria tras una citación en el Legislativo. Además, destacó que la normativa tiene tres años de trabajo y que en su elaboración participaron expertos de Estados Unidos y Francia, así como representantes de la banca, el sector privado y el sector público.
SU ENFOQUE ES EL CONVENIO DE BUDAPEST
Ortiz Solares indicó que Gobernación tiene un papel relevante por dos razones. La primera es que la ley refuerza a los tres actores clave en la persecución del delito: el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ) y la Policía Nacional Civil (PNC). Según explicó, este esquema permitirá a Guatemala adherirse al marco internacional y ratificar el Convenio de Budapest.
La segunda razón es que la ley otorga al Ministerio de Gobernaciónuna función técnica mediante la Dirección Nacional de Ciberseguridad. La viceministra subrayó que esta instancia no es un órgano de investigación, sino técnico, cuya atribución es velar por que las instituciones organicen sus ecosistemas de ciberseguridad.
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PRUEBA ELECTRÓNICA EN LOS JUICIOS
Ortiz Solares indicó que otro aspecto relevante de la ley es la incorporación de la prueba electrónica al proceso penal. Detalló que la normativa obliga al Organismo Judicial a capacitar a sus jueces para que cuenten con la experiencia necesaria para valorar este tipo de pruebas, conforme a los mecanismos que ya establece el Código Procesal Penal.
El Convenio de Budapest (oficialmente Convenio sobre la Ciberdelincuencia) es el primer tratado internacional vinculante enfocado en combatir los delitos informáticos y el cibercrimen. Fue adoptado por el Consejo de Europa el 23 de noviembre de 2001 y entró en vigor el 1 de julio de 2004.