Los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República iniciarán el próximo 22 de septiembre las sesiones para discutir el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026 por Q163 mil 783.4 millones, que contempla un aumento de Q8 mil 947 millones respecto del vigente.

Aunque evita adelantar criterio sobre posibles modificaciones al programa de gasto, por encontrarse en fase de análisis, el presidente de la sala, Julio Héctor Estrada Domínguez, brindó un panorama sobre lo que podría convertirse en una de las más intensas discusiones legislativas del año.

Los diputados tienen como fecha límite el 30 de noviembre para conocer el proyecto de presupuesto estatal, pero el debate se da en medio de un ambiente tenso con el Ejecutivo, principalmente por la reciente aprobación del Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, así como por el llamado al veto que diversos sectores han dirigido al presidente Bernardo Arévalo de León.

El 10 de octubre concluirá el ciclo de audiencias públicas convocado por la Comisión, tras lo cual se esperaría la emisión del dictamen de la iniciativa. Estrada Domínguez ofrece el siguiente balance a Prensa Libre.

En la Comisión, ¿Cómo reciben el monto en el proyecto del presupuesto del 2026?

Hemos dicho que no es tanto el monto, sino el destino y la preparación detrás de la iniciativa; ya reaccionamos enviando por lo menos 15 cartas preguntando sobre temas específicos.

Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, estamos consultando sobre un programa de préstamos; a Segeplán, con su programa de becas; al Ministerio de Desarrollo, con el programa de transferencias condicionadas; y al Ministerio de Finanzas, por las estimaciones de ingresos y su presupuesto de gasto, que es importante.

Lo que, en general, hemos encontrado al comparar con el Listado Geográfico es que no hay obras, y se comienza a detectar esas cosas cuando se colocan Q2 mil 500 millones asignados en las cosas que se me ocurran

Esto se entiende en un primer año de gobierno, pero en un segundo año es más difícil de justificar, porque es una cantidad importante de recursos.

¿Qué otros aspectos han identificado?

Está el análisis de las proyecciones de la deuda pública y el pago del servicio, en el sentido de cómo están formuladas, y estamos en la fase de recabar más información. No queremos adelantar posición —que es mucho, poco, malo o bueno—, solo que estamos validando las cifras de la recaudación por medio de los principales impuestos y los detalles de los aumentos más sobresalientes en la propuesta del presupuesto.

En el cupo de deuda pública se estarían contratando en dos años unos Q52 mil millones, ¿qué piensan?

Tiene que haber (por el Ministerio de Finanzas) una muy buena justificación del programa y de sostenibilidad de deuda. Hay cosas que el país puede hacer, y en otras no se puede dar el lujo de hacer por lo que es la discusión política, porque también es un mensaje para el resto de los diputados con las propuestas de gasto que hay en diferentes sectores.

Cada gasto adicional que hay no es un gasto de impuestos, sino un poco más de deuda, que es lo que termina haciendo, por lo que se revisará en dónde estarán asignados esos recursos, cuánto de la deuda se destinará para la creación de infraestructura, obras, y si se justifica el uso del endeudamiento para los programas sociales, que no está en la ley. Se pueden hacer excepciones, pero que realmente tenga impacto.

Se sigue usando deuda para gasto corriente…

Esa regla creo que es para formación de capital humano, que podría justificarse, pero no para uso clientelar, que es lo que no funciona bien, por lo que hay que ver por dónde se están dirigiendo los recursos.

El FMI recomienda comenzar a revertir los déficits fiscales, pero se proyecta 3.3% en la iniciativa. ¿Cuál es su posición?

Se tendrá que encaminar al regreso al 2% del déficit fiscal, pero se tendría que ver el marco presupuestal multianual, revisar esa parte. También el saldo de caja, porque el año pasado quedó una buena parte sin utilizar, y llevamos ahora casi Q34 mil millones sin utilizar entre caja, bonos del Tesoro e impuestos.

Entonces, se podrá financiar un poco más el presupuesto con saldos de caja, pero eso se tendrá que analizar a profundidad.

A nivel político, ¿cómo está el ambiente en la Comisión y en el Pleno?

El compromiso y la meta de la Comisión de Finanzas siempre es emitir un dictamen para que exista un presupuesto, porque es importante. En la Comisión hay poca comunicación con las autoridades del Ejecutivo, y hay fricción con los temas de ejecución del gasto, en los cuales hay claras dudas -respecto a- los montos de gasto y la velocidad en que se lleva hasta ahora.

Esto puede afectar la disposición de aprobar el presupuesto a ciertos montos, y en el Pleno existe la misma inquietud, pero veremos cómo se estará desarrollando.

Entonces, la ejecución de gasto sería un parámetro para aprobar las asignaciones…

Sí, pero también es un tema contraindicativo y llama la atención la baja asignación en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Q7 mil 140 millones), en la cual no se gasta, pero quiere decir que acumuló más gastos, más carreteras pendientes que reparar, al igual que su mantenimiento.

Pero también hay una asignación para la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Q2 mil 102.2 millones), pero el arranque de esa institución es muy lento, y al final quedó como una entidad dentro del CIV, por lo que creo que, desde la perspectiva operativa, lo va a hacer muy complejo de funcionar. Pero habría que analizarlo de manera holística; no solo la ejecución hay que tomar en cuenta, sino que la calidad de los proyectos que los respalda en las asignaciones, por lo que eso queremos que nos expliquen las instituciones.

En un año preelectoral, ¿cómo se puede influir en la aprobación o no de un plan de gasto?

Sí. El proceso de la elección se ha adelantado. Entonces, por un lado, están los que dicen que es políticamente más razonable no dar más recursos al gobierno central porque no ejecuta y cómo quedan con su electorado.

Pero también están aquellos que dicen que se van a dar los programas, los recursos extraordinarios o fondos para las municipalidades, por lo que hay una tensión ahí que, desde la perspectiva electoral, funciona en ambas direcciones. Vamos a ver ahí por dónde cae la pelota.

En la coyuntura, ¿cómo describe esa tensión?

Hay una tensión con ese tema (decreto 7-2025), porque son ofertas y demandas políticas locales que no han avanzado al ritmo que hay, que se pueden perder y generar desgaste con la gobernabilidad local, que es lo que ha generado la fricción, y vamos a ver en qué para este decreto.