En el tercer año de la administración de Bernardo Arévalo de León, el Ejecutivo arranca con una posición favorable en la política fiscal y cuenta con Q24 mil 82 millones como saldo total de los depósitos en el Banco de Guatemala (Banguat), según los registros del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) al 31 de diciembre del 2025.

Ese monto corresponde al saldo total de caja fiscal, sustentado por un excedente en la recaudación tributaria, la colocación de bonos del Tesoro y préstamos, recursos disponibles para el Gobierno Central. En el ejercicio fiscal del 2026, el saldo de arranque muestra un crecimiento del 24% respecto del 2025, cuando se reportaron Q19 mil 323.12 millones; es decir, la cuenta aumentó en Q4 mil 759.81 millones.

En tanto, la ejecución presupuestaria del 2025 alcanzó el 90.6%, con un gasto total de Q140 mil 342 millones, de un presupuesto vigente de Q154 mil 836 millones, lo que evidencia que no se prestaron bienes ni servicios en su totalidad a la población, al no ejecutarse todo el gasto previsto.

Según los analistas Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ese saldo de caja debe ser uno de los puntos de partida para la futura propuesta de readecuación y ampliación presupuestaria del 2026, que el Ministerio de Finanzas (Minfin) elabora tras la suspensión del gasto público ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado martes 30 de diciembre.

Por medio de un comunicado de prensa del Minfin, el pasado 31 de diciembre se informó que se trabaja en un reajuste presupuestario, y que en enero se enviará al Congreso de la República una iniciativa de ley para modificar el presupuesto vigente (es decir, del 2025).

El Congreso se encuentra en receso parlamentario y retomará sus actividades después del 14 de enero.

Saldo de caja fiscal marca récord

Coyoy explicó que este saldo de caja corresponde a recursos depositados en el Banguat al finalizar el 2025, en las distintas cuentas habilitadas por la Tesorería Nacional.

La mitad del monto total (Q24 mil millones), es decir, unos Q12 mil millones, proviene de recursos dinerarios provenientes de la recaudación no ejecutada; otra parte corresponde a bonos del Tesoro y préstamos con organismos financieros internacionales que no se ejecutaron; y el resto, a ingresos propios de algunas entidades públicas.

Ese saldo, al cierre del 2025, es el más alto en la serie reciente: en el 2024 fueron Q19 mil 323.12 millones; en el 2023, Q16 mil 446.51 millones; en el 2022, Q18 mil 625.61 millones; y en el 2021, Q21 mil 886.99 millones.

“Esto refleja la disponibilidad de fondos que tiene el Gobierno Central, lo cual, por un lado, es positiva, a diferencia de otras administraciones que apenas lograban cerrar con saldos de caja mínimos para comenzar el siguiente año. Pero también evidencia la no ejecución de algunos rubros de gasto, sobre todo aquellos con fuente de financiamiento en bonos del Tesoro, de los cuales quedaron Q3 mil millones”, añadió.

Esos recursos ya tenían un destino en el presupuesto del año pasado, pero no fueron ejecutados y permanecen ociosos en la banca central.

“Esta posición tiene dos expresiones: la buena disponibilidad de fondos por parte del Gobierno Central, pero también la falta de ejecución de algunos programas de gasto”, agregó el analista de Asíes.

Barrientos precisó que ya se están pagando intereses por la colocación de bonos realizada por el Minfin, cuyo producto no fue utilizado en el presupuesto anterior.

Crece caja fiscal por baja ejecución

Para el director ejecutivo del Icefi, Ricardo Barrientos, el abultado monto de la caja fiscal en el 2025 obedece a varias razones. La primera es que la proyección de ingresos tributarios —recaudados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)— estaba subestimada y, aunque aún no se conoce el cierre del ejercicio fiscal, se calcula que podría superarse la cifra de Q111 mil millones, lo que implicaría entre Q2 mil y Q3 mil millones adicionales no presupuestados.

Otro factor fue la autorización del Congreso para la colocación “muy voluminosa” de bonos del Tesoro, al haberse colocado la totalidad del cupo —unos Q25 mil millones—. “Aunque se contrató la deuda, no todo ese dinero financió el gasto público, ya que no se ejecutó la totalidad del presupuesto. Ahí se evidencia el problema de la subejecución, sobre todo en los proyectos de inversión pública en infraestructura”, aclaró Barrientos.

El analista reiteró que la deuda pública contratada el año pasado para financiar el presupuesto, y que no fue utilizada, ya genera el pago de intereses. Esa es una de las críticas formuladas, ya que las autoridades del Minfin habían asegurado que la ejecución alcanzaría el 92%.

Recomiendan usar caja fiscal y reducir bonos

Con el dato de cierre del saldo total de caja y la futura iniciativa de ley para la ampliación presupuestaria, Barrientos recomendó algunos ajustes. El primero es corregir la proyección de ingresos que financiarán el nuevo presupuesto, ya que sigue vigente la del 2025, de Q109 mil millones, cuando debería ser de Q119 mil millones, según una estimación técnicamente fundamentada.

En segundo lugar, indicó que el uso de los recursos de la caja fiscal en el presupuesto es mucho más bajo que lo que indica la realidad, por lo que debe corregirse esa fuente de financiamiento y ajustarse a los depósitos reales del Gobierno Central en el Banco de Guatemala (Banguat).

Por último, recomendó compensar ambos ajustes con una reducción en la deuda bonificada. “Los bonos no son gratis, es deuda y se pagan intereses; hay que llevar la deuda a la realidad de las cuentas”, afirmó.

Barrientos enfatizó que el Minfin deberá actualizar en la iniciativa que presentará el desglose de datos como el saldo total de caja, los ingresos tributarios y no tributarios, así como la variable de ajuste: los bonos del Tesoro.