Estados Unidos lamentó este martes 17 de mayo como un “paso atrás” para la democracia la reelección de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala, a la vez que anunció la prohibición de entrada en el país de su familia por su implicación en actos de corrupción.

Así lo indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al comentar la decisión del lunes del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

“La reelección de Porras es un paso atrás para la democracia en Guatemala”, remarcó el funcionario estadounidense en rueda de prensa.

Como consecuencia, el Departamento de Estado anunció la prohibición de entrada en el país de Porras, su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz, y su “familia inmediata”.

Price subrayó que, como fiscal general, Porras “obstruyó y socavó en repetidas ocasiones las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y ganar favor político indebido”.

Asimismo, señaló que “el patrón de obstrucción de Porras incluye, según consta, ordenar a fiscales del Ministerio Público de Guatemala ignorar casos con base en consideraciones políticas, y despedir a fiscales que investigan casos que involucran actos de corrupción”.

Impacto en la economía

El portavoz agregó que la corrupción “debilita la capacidad del Gobierno guatemalteco para reducir la violencia y detener a los narcotraficantes”; acciones que; además. “frenan el crecimiento económico y ahuyenta las inversiones”, lo que constituye “pérdida de empleos y oportunidades para los guatemaltecos”, los cuales “son factores principales que impulsan la migración”.

“Estados Unidos está decidido a apoyar a todos los guatemaltecos y apoyar la democracia y el estado de derecho y contra aquellos que socavan estos principios en beneficio personal. Instamos al Gobierno de Guatemala a que tome medidas concretas y serias para revertir el retroceso democrático”, destacó.

El presidente eligió volver a nombrar a María Consuelo Pérez fiscal general a pesar de no tener antecedentes de facilitar la corrupción.  Este es un paso atrás para la democracia guatemalteca.

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre exfiscales anticorrupción y jueces de alto impacto, se encuentran exiliados por la presunta persecución judicial por parte de Porras, según han denunciado públicamente desde el exterior.

Porras cumplirá un segundo período de cuatro años (2022-2026) después del iniciado en 2018, cuando fue elegida para el cargo por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020).

.@StateDeptSpox: The U.S. is determined to stand with Guatemalans in support of democracy and the rule of law, and against those who would undermine these principles for personal gain. We call on the government of Guatemala to take serious steps to reverse democratic backsliding. pic.twitter.com/h6fcpP0JoE

— Department of State (@StateDept) May 17, 2022