El caso Plazas Fantasma se reanudó este jueves 14 de julio en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, donde unos 30 sindicados se presentaron a la audiencia.

Entre los señalados que asistieron a la audiencia están los exdiputados César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo y Selvin García.

También los exlegisladores Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.

En este caso, 10 señalados se acogieron a la figura especial de aceptación de cargos, entre ellos el exdiputado Edgar Cristiani.

Cristiani desistió de ratificar el convenio de colaboración eficaz y se va por procedimiento ordinario.

La jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, indicó que a raíz de la reforma al Código Procesal Penal respecto de la aceptación de cargos, esa judicatura ha tenido a bien recibir 10 memoriales.

La primera acusación que leyó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) fue la del exdiputado Alfredo Rabbé.

Explicó que en el 2014 gestionó de manera irregular a 18 personas, en su mayoría asistentes, en ese entonces, él era cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República.

A Rabbé el Ministerio Público lo sindica del delito de abuso de autoridad y peculado por sustracción de forma continuada.

La Feci indicó que del periodo del 14 de enero del 2012 al 14 de enero del 2016, Rabbé ostentó la calidad de diputado al Congreso y del 14 de enero del 2014 al 2016 ocupó la cuarta secretaría de la Junta Directiva del Legislativo.

Como miembro de la referida Junta y en forma mancomunada con el presidente y le director general, eran responsables de la administración del patrimonio del Congreso.

La ley del Organismo Legislativo contempla la contratación del personal al que tenía derecho, entre este una asistente, una secretaria y un ujier bajo el renglón 022.

Marta Estela Valdez Soto fue contratada en el puesto de asistente con un salario nominal de Q10 mil, una secretaria con un sueldo mensual de Q7 mil y Héctor Ramón Rodríguez Ruiz en el cargo de ujier con Q4 mil de salario.

Según la Feci, Rabbé aprovechándose del cargo que ostentaba abusó al solicitar la contratación de personal bajo el renglón 022 “sin existir justificación alguna” de que dicho personal era necesario.

En ese sentido, gestionó la contratación de 18 personas, a quienes de forma arbitraria “sin justificación alguna y antojadizamente” decidía el puesto que ocuparían y el salario que devengarían.

Como consecuencia de esta acción, en el 2014 se logró la contratación de Andrea Gabriela Ballesteros Morales en el puesto de asistente con un salario de Q15 mil; además de otras personas que ganaban entre Q5 mil, Q10 y Q15 mil en distintos cargos.

También instruyó de forma arbitraria a partir de qué fecha tenían que tomar posesión con efecto retroactivo los nuevos servidores públicos, lo que perjudicó al Congreso, ya que las personas tenían 62 días de retroactividad.

En el 2015 se registró la contratación de 10 personas y según el fiscal de la Feci, Lázaro de Jesús Pirir, el exdiputado disponía desenfrenadamente de los recursos del Congreso.

Añadió que el exfuncionario se aprovechó de su condición como cuarto secretario para la contratación de más personal en puestos de asistentes con salario de Q7 mil, Q10 mil y Q15 mil. Este personal también tomó posesión de forma retroactiva.

Once de los 16 asistentes contratados no cumplían con el requisito de tener mínimo pensum cerrado a nivel de licenciatura, por lo que no eran idóneos para el cargo.

También en la audiencia se presentó acto conclusivo en contra de Héctor René Polanco Callejas por el delito de peculado por sustracción.

En contra de María Lourdes Solórzano por el delito de peculado por sustracción y contra Marta Estela Valdez Soto por el mismo delito.

En este Caso de Plazas Fantasma son 68 personas las señaladas, según autoridades.

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El caso

Exdiputados que integraban la junta directiva del Congreso desde el 2012 gozaban del derecho de tener de 15 a 20 personas a su servicio entre asistentes y asesores.

La investigación del MP y la Cicig “determinó dos modalidades de contratación irregular en el Legislativo: la primera a través de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario 022, que no reunía los requisitos para cumplir con el perfil del puesto y sin justificar una estricta necesidad para nombrar a este personal, al margen de cualquier verificación de capacidad presupuestaria o de otra índole”.

“Además se evidenció que los integrantes de dichas juntas directivas pactaron distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Congreso”, dijo la ahora inhabilitada Comisión en su momento.